Ley faculta a Caja Fiscal a solicitar una nueva evaluación por invalidez
La ley de presupuesto le habilita al Ministerio de Hacienda a solicitar una nueva junta médica para los casos en que haya sospechas de que los beneficiarios obtuvieron irregularmente la pensión por invalidez.
La Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal continúa con el proceso de revisión de las pensiones otorgadas por invalidez, luego de detectarse numerosos casos en que los beneficiarios seguían trabajando en el sector privado o en el sector público sin ningún problema de salud.
La Junta Médica del Ministerio de Salud es la que emite el informe estableciendo el porcentaje de discapacidad y este documento sirve de base para otorgar la pensión, que implica para los funcionarios un aumento en sus haberes de retiro para dejar la función pública.
Pensión y empleo
A la par de recibir la pensión por su declarada discapacidad, sin embargo, los exfuncionarios involucrados trabajan normalmente en diversas actividades, ya sea en otras instituciones públicas o empresas privadas, según había señalado el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas.
La ley de presupuesto y el decreto reglamentario establecen claramente que la Caja de Jubilaciones podrá solicitar la actualización del informe de la Junta Médica de Salud Pública cuando lo considere pertinente.
Este es uno de los procedimientos, según los técnicos de Hacienda, que se llevarán a cabo una vez identificado los casos, a fin de recuperar el dinero abonado y presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para su investigación penal.
“En estos casos deberá recuperar el monto de las pensiones que ha sido cobrado por el beneficiario desde el momento en que cesó o disminuyó la razón de la invalidez, monto que será actualizado de acuerdo al IPC publicado por el BCP, hasta el recupero total de lo adeudado”. indica el decreto que reglamenta la ley de presupuesto.
La revisión abarca actualmente los años 2017 y 2018, no se descarta que luego alcance 2016 y 2015, atendiendo el importante número de casos sospechosos detectados hasta ahora.
Penas
La normativa también señala que el informe expedido por la Junta Médica del Ministerio de Salud Pública constituye un instrumento público, y en tal sentido los profesionales o especialistas firmantes están expuestos a la responsabilidad penal prevista en el Artículo 250 del Código Penal Paraguayo, sin perjuicio de sus responsabilidades civiles y administrativas.
El referido código establece pena privativa hasta 5 años o con multa para quienes elaboran documentos con contenido falso.