La bomba en casa
Los últimos motines en las cárceles de Coronel Oviedo y Concepción expusieron el que puede ser nuestro mayor problema de seguridad interna en muy corto plazo.
Los amotinamientos, dirigidos por integrantes de organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho, son la evidencia de que seguimos incubando cada vez más huevos de serpiente.
De acuerdo al ministro del Interior, son alrededor de 400 los miembros de estos grupos que están presos en diferentes cárceles del país, territorios ideales para captar a nuevos integrantes paraguayos entre quienes tienen poco y nada que perder.
Organizaciones criminales que, como la Hidra de Lerna de la mitología griega, tienen la característica de regenerar nuevas cabezas cuando pierden a alguna en medio de una disputa entre bandas o un enfrentamiento con las fuerzas públicas.
Organizaciones como el PCC, que en abril de 2017 fueron capaces de sitiar durante horas Ciudad del Este para asaltar a la firma Prosegur, con casi 12 millones de dólares como botín.
Hoy el mismo grupo ya lanzó además advertencias a ministros y otras autoridades del Estado paraguayo luego del último motín carcelario, en el que exhibieron su temeridad para amenazar a los dos guardias tomados como rehenes, a quienes previamente malhirieron.
El problema es que en esta confrontación entre el Estado y estas organizaciones criminales, uno encuentra más motivos para preocuparse que para sentirse seguro.
Tenemos unas fuerzas públicas totalmente permeadas por la corrupción y un sistema penitenciario débil en el que con dinero es posible conseguirlo todo.
Un sistema financiero en el que aún es posible mover sin control grandes cantidades de dinero y un sistema judicial en el que se trafica impunidad.
El editorial de este diario el miércoles pasado planteó también otra hipótesis preocupante, al recordar que el nuevo gobierno brasileño está empleando una política de mano dura contra estas organizaciones criminales, con lo que, según la hipótesis, se podría incrementar considerablemente la presencia de miembros de estos grupos en nuestro país, por lo que habría que esperar más delitos, crímenes y amotinamientos.
El mismo editorial propone que se debe dispersar a los reclusos vinculados al PCC y al Comando Vermelho en nuestras cárceles, establecer un control mucho más riguroso de los visitantes, organizar un mejor trabajo del área de inteligencia policial, expulsar rápidamente a aquellos criminales con pedidos de extradición o captura internacional y, lo central, trabajar intensamente en la depuración de las fuerzas policiales y penitenciarias.
Fue en octubre de 2017 cuando también en un atentado ocurrido en un barrio residencial de Asunción, donde mataron a un niño de 5 años, recordábamos el pensamiento de alguien que fue silenciado por la mafia, cuando ésta se estaba incubando en su país.
“Necesitamos un gran acuerdo de la gente de bien… para no dejar al Estado en manos de narcotraficantes” argumentaba el entonces candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán, cuando comenzaba a hacerse evidente la ambición de grupos de narcotraficantes, encabezados por Pablo Escobar, de ocupar espacios políticos en la estructura de poder del estado colombiano.
Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, en pleno acto proselitista de una campaña en la que aparecía liderando las intenciones de voto para convertirse en presidente de su país.
Pero yendo a su propuesta, ¿puede enfrentarse exitosamente a estas organizaciones criminales cuando cuentan con la complicidad de quienes ocupan espacios de poder? Claramente la respuesta es no.
Es por ello fundamental entonces el combate al lavado de dinero, que es el que nutre a estas organizaciones, la dignificación del sistema penitenciario y la exhaustiva depuración de las fuerzas públicas.
Para que la bomba no nos reviente en la cara.