Afectados por Vetorial recurren a Cancillería
Los empresarios afectados por Vetorial SA, exarrendataria de la siderúrgica Acepar, se reunieron con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la celeridad de la extradición del empresario brasileño Gustavo Correa, de la citada firma, detenido en Italia a fines de enero último en el marco de un proceso por supuesta estafa que se le inició en nuestro país.
Mario Schussmuller, propietario de Hierro Matt, informó ayer a ABC que los empresarios hablaron con el vicecanciller Hugo Saguier Caballero, quien les explicó sobre todas las actuaciones de la cartera de Relaciones Exteriores en cuanto a entrega de documentaciones, para traer a Correa a Paraguay. Los compatriotas lo denuncian, al igual que a Óscar Ribone, otro directivo de Vetorial, porque estos les cobraron millonarios cheques pero no entregaron los productos (varillas y afines) y en lugar de eso, se fueron del país. Inclusive, los empresarios locales afectados se reunieron esta semana para formar un frente común contra Vetorial SA.
Schussmuller dice que entregó US$ 236.000 a la firma brasileña; Aceros Asunción, US$ 800.000; La Casa de las Varillas cerca de US$ 350.000; la firma Ferropar alrededor de US$ 1.500.000; Hierropar unos US$ 300.000; Nelly Duarte US$ 732.000, y Mercofer Mauro US$ 638.000. A los carboneros también les quedó debiendo alrededor de US$ 2.500.000. “Detención arbitraria”
Esta semana, sin embargo, la empresa Vetorial SA criticó la detención de su directivo en Italia por mandato de un juez paraguayo. Calificó de “falta de seguridad jurídica”. Lo hizo en nuestro diario en un espacio pagado en el que aseguró que se quedó sin liquidez por los gastos que hizo y que sus directivos no huyeron. Mencionó problemas con los cuatro sindicatos de Acepar, reducción del precio de la varilla a nivel internacional, importaciones dudosas, dumping, pago de impuestos, indemnizaciones, entre otros.
A fines del año pasado, Vetorial solicitó la convocatoria de acreedores, lo que es criticado por los empresarios paraguayos afectados, que aseguran que la firma no tiene bienes patrimoniales en el país.