El Senado no debe apañar a un presunto delincuente.

El Senado iniciará mañana el juicio político al contralor general, Enrique García, a quien la Cámara de Diputados acusó de haber incurrido en varios presuntos delitos. Es plausible que García sea al fin juzgado por la Cámara Alta, y es deseable que el juicio público termine con su condigna remoción. Con independencia de que ya perdió hace mucho toda autoridad moral para fiscalizar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, el hecho de que entre las causales de separación de su cargo figuren nada menos que cuatro delitos implica que solo quince de los cuarenta y cinco senadores podrían impedir que rinda cuentas ante la Justicia, como cualquier otro ciudadano. Si así no ocurriere, la ciudadanía tiene derecho a conocer a sus protectores. Es de esperar que los senadores estén a la altura de la función que les confiere la Carta Magna. Urge sanear las entidades públicas, para lo cual es imprescindible que la Contraloría tenga la jerarquía moral requerida para defender el patrimonio de todos y perseguir a los corruptos.

El Senado iniciará mañana el juicio político al contralor general de la República, Enrique García, a quien la Cámara de Diputados acusó el 14 de marzo de 2018 –hace más de un año– por los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, en el ejercicio del cargo de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, y por el mal desempeño de sus funciones actuales, al haber autorizado irregularmente viajes de un funcionario –para una auditoría– que no hizo su trabajo, entre otras irregularidades. La acusación fue ampliada el 6 de marzo de este año para incluir los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero. Es plausible que García –imputado por el Ministerio Público por los cuatro delitos referidos– sea al fin juzgado por la Cámara Alta, y es deseable que el juicio público termine con su condigna remoción. El libelo acusatorio había sido recibido el 5 de julio de 2018, pero los senadores no creyeron conveniente ocuparse de inmediato de tan serio asunto, acaso porque preferían que el acusado sea chantajeable, o porque no habían llegado a un “acuerdo político” sobre el reemplazante, o por ambos reprochables motivos a la vez. En todo caso, es bueno para la salud de la República que el Senado haya decidido iniciar el juicio político en el curso de este mes, según fue el compromiso asumido a fines del año anterior. Como el contralor goza de inmunidad de proceso, su destitución es un requisito indispensable para que ocupe el banquillo de los acusados en sede judicial. Con independencia de que García ya perdió hace mucho toda autoridad moral para fiscalizar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, el hecho de que entre las causales de separación de su cargo figuren nada menos que cuatro delitos implica que solo quince de los cuarenta y cinco senadores podrían impedir que rinda cuentas ante la Justicia, como cualquier otro ciudadano. Si así no ocurriere, la ciudadanía tiene derecho a conocer a sus protectores. “Hay gente que defiende al contralor. Si hoy hacemos los números, no hay votos para sacarlo”, dijo hace unos días el presidente del Senado, Silvio Ovelar (ANR), pese a lo cual es de desear que una mayoría absoluta de dos tercios, como mínimo, lo aparte del cargo que deshonra, aunque él pueda recurrir a la extorsión insinuando que podría revelar ciertas declaraciones juradas de bienes y rentas, y aunque

haya senadores que, como Dionisio Amarilla (PLRA) y Víctor Bogado (ANR), le deban importantes favores. Sería intolerable que consideraciones ajenas al bien común hagan que siga al frente nada menos que de la Contraloría General de la República quien está sospechado por el Ministerio Público de haber cometido graves delitos. Es innecesario que los juzgadores tengan la plena certeza de que el contralor delinquió, pues bastaría con que la acusación de la Cámara de Diputados, fundada en las actas de imputación fiscal, sea verosímil. Distinto sería el caso si solo estuviera acusado de haber ejercido mal sus funciones, pues esta causal no conlleva la intervención judicial posterior, como sí la de haber cometido algún hecho punible. Se trata de un juicio político y no de uno ordinario, en el que deberá resolverse definitivamente si el procesado es culpable o inocente. Si García no tuvo el decoro de renunciar al cargo, los senadores no deberían incurrir en la infamia de protegerlo de los magistrados. Es inadmisible que un órgano encargado de combatir la corrupción esté dirigido por quien ha sido imputado precisamente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otras acciones sancionadas por la ley, con base en un informe presentado por la Seprelad a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, en mayo de 2018. ¿De qué respeto gozaría por parte de las autoridades públicas que deben rendirle cuentas si se aferrara al cargo blindado por unos senadores que, de hecho, habrían incurrido así en lo que el art. 292 del Código Penal llama “frustración de la persecución y ejecución penal”? ¿Podría confiar la sociedad civil en que los bienes públicos serán correctamente fiscalizados por quien, según el Ministerio Público, fraguó documentos para demostrar que supuestamente apeló en tiempo oportuno un fallo arbitral que condenó a la Municipalidad capitalina al pago de 3,6 millones de dólares? En el anterior periodo legislativo, la Cámara Alta hizo muy bien en privar de su investidura a Óscar González Daher, incluso antes de haber sido imputado por cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. Sobre García pesan dos imputaciones por delitos no menos graves, que deberían ser motivos más que suficientes para separarlo del cargo que demerita. El Senado no debe apañar a un presunto delincuente, salvo que quiera convertirse en el “amparo y reparo” de los corruptos que tanto abundan en la función pública. Hay razones de sobra para que García comparezca ante la Justicia y ninguna admisible para que escape de ella, al menos para quienes creen que las instituciones deben estar encabezadas por personas que estén más allá de toda sospecha. Es de esperar que los senadores estén a la altura de la función que les confiere la Carta Magna. Urge sanear las entidades públicas, para lo cual es imprescindible que la Contraloría tenga también, más allá de lo que disponen la Constitución y la ley, la jerarquía moral requerida para defender el patrimonio de todos y perseguir a los corruptos.