¿Manifestantes o “piqueteros”?

En los últimos tiempos han surgido grupos que, al margen de todo respeto por la ley y los derechos de los demás ciudadanos, se han arrogado la potestad de ocupar indefinidamente plazas y parques, o han cerrado rutas y calles violando el derecho constitucional de circular libremente que tiene cada ciudadano paraguayo y paraguaya. Estas manifestaciones han implicado e implican un ejercicio abusivo del derecho, en perjuicio de decenas de miles de personas impedidas de asistir puntualmente a sus lugares de trabajo, entre otras cosas. En nuestra capital se establecen horarios y lugares para las marchas, así como el tiempo de duración de las manifestaciones. Lo antedicho viene a cuento de la “movilización por tiempo indefinido” que inició la Coordinadora Nacional Intersindical (CNI) y en horario no autorizado por las leyes, incurriendo así en anuncio anticipado de que se proponen violar las mismas. Con la proliferación de este tipo de grupos, que sin apego alguno a las leyes vienen causando todo tipo de inconvenientes a la gente y daños a los lugares donde se instalan, estamos frente al surgimiento en nuestro país de los “piqueteros”, que tanto problemas ocasionan en la Argentina.

En los últimos tiempos, nuestro país ha sido escenario de memorables manifestaciones ciudadanas, que han zarandeado a quienes venían manejando el Paraguay como feudo propio y a sus organizaciones políticas, logrando resultados importantes, aunque insuficientes hasta el momento. Cómo olvidar la movilización #Unanotecalles, que ha sacudido las viejas estructuras de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y las posteriores marchas y otras acciones estudiantiles, también en demanda de una revisión del espantoso sistema educativo. Cómo no mencionar también a quienes se organizaron para escrachar a funcionarios y políticos con serios indicios de corrupción, ni a otros grupos de ciudadanos que, en la capital y en el interior, se han despertado para reclamar un país mejor.

Sin embargo, han surgido también grupos que, al margen de todo respeto por la ley y los derechos de los demás ciudadanos, se han arrogado la potestad de ocupar indefinidamente plazas y parques, o han cerrado rutas y calles violando el derecho constitucional de circular libremente

que tiene cada paraguayo y paraguaya.

El art. 32 de la Constitución dice, en su primera parte, que las personas tienen derecho a “manifestarse pacíficamente, sin armas” y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como a no ser obligadas a participar de tales actos. Esta norma, que no solo dispone que las marchas sean pacíficas, sino también que los participantes se abstengan de portar armas, establece también que se podrá reglamentar el ejercicio de ese derecho en lugares de tránsito público, en ciertos horarios, preservando el derecho de terceros y el orden público. Sin embargo, muchas de las manifestaciones han implicado e implican un ejercicio abusivo del derecho, en perjuicio de decenas de miles de personas impedidas de asistir puntualmente a sus lugares de trabajo, entre otras cosas. Hace pocos años, una persona falleció en una ruta del país cuando los manifestantes impidieron el paso de una ambulancia que la transportaba.

En el caso de nuestra capital, se ignora la ley reglamentaria N° 1066/97, conocida como “ley del marchódromo”, sancionada para que sea posible que manifestantes y transeúntes puedan hacer uso simultáneo de sus respectivos derechos, en la medida de lo posible. El art. 3° de dicha normativa determina que, en la capital, las manifestaciones pueden realizarse desde las 19:00 hasta las 00:00 los días laborales, y los domingos y feriados, desde las 06:00 hasta la misma hora del día siguiente. Según los arts. 7° y 8°, es de rigor que los organizadores de las reuniones o de las marchas comuniquen a la Policía Nacional el día y la hora de las mismas, así como los puntos de concentración y el recorrido, entre otras cosas. La triste experiencia enseña que estas disposiciones suelen ser violadas impunemente, así como la de que los actos realizados en las plazas públicas situadas dentro de cierto perímetro no deben durar más de doce horas seguidas, de acuerdo al art. 4° de la referida ley.

Lo antedicho viene a cuento de la “movilización por tiempo indefinido” iniciada anoche por la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), con la participación de estudiantes, trabajadores e indígenas. Sus organizadores anunciaron que las marchas se harán desde tempranas horas de la mañana. Es decir, se anunció de antemano, como si se tratara de algo absolutamente normal, la violación de los citados arts. 3° y 4°.

Uno de los responsables de las ilicitudes y que invoca a “nosotros los campesinos que venimos del interior”, se llama

Jorge Galeano, quien se desplaza en un vistoso rodado y es propietario de una confortable residencia en el barrio Panchito López de Capiatá. El mismo informó a la ciudadanía que los manifestantes no saldrán de Asunción mientras los poderes públicos no atiendan sus demandas, entre las que figuran “el acceso a la tierra para el campesinado, la recuperación inmediata de espacios ancestrales de comunidades indígenas, el subsidio de las deudas de pequeños productores de la agricultura familiar, la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley de la agricultura familiar y en el Senado de una ley de energía y salario mínimo de subsidio a la tercera edad”. Los organizadores tienen todo el derecho de llevar a la calle y a las plazas estos reclamos, formulados en una conferencia de prensa convocada no precisamente por menesterosos, pero no así el de quebrantar la ley y, en consecuencia, la libertad de desplazamiento de terceros.

Con la proliferación de este tipo de grupos que, sin apego alguno a las leyes, vienen causando todo tipo de inconvenientes a la gente y daños en los lugares donde se instalan, estamos frente al surgimiento en nuestro país de los “piqueteros”, que tantos problemas ocasionan en la Argentina cuando se hacen dueños de ciertos lugares o rutas, apelando a la violencia para imponer sus reclamos a las autoridades. En ese país han surgido numerosos grupos de “piqueteros”, al punto que han conformado la llamada “Confederación de Trabajadores de la Economía Popular” (CTEP), afiliada a la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Si la Policía Nacional y el Ministerio Público no tienen en cuenta el art. 216 del Código Penal, que castiga con hasta tres años de cárcel o con multa a quien “produjera un obstáculo” en el tránsito terrestre, ni el art. 13 de la Ley N° 1066/97, que dispone que “los participantes que, en las reuniones o manifestaciones, incurriesen en hechos o actos previstos y sancionados por la ley penal, podrán ser detenidos y puestos a disposición de la Justicia ordinaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños causados”, en poco tiempo se multiplicarán también aquí los grupos “piqueteros”.

Es necesario, pues, que las autoridades velen por la vigencia efectiva de la ley, antes de que la situación se les escape de las manos.