Metrobús, ¿colusión o encubrimiento?

Han transcurrido más de tres meses desde que el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, decidió dar por terminado el contrato de trabajos destinados a la construcción del controvertido proyecto metrobús, adjudicado a la empresa portuguesa Mota Engil, sin que hasta la fecha su cartera de Estado haya tomado las medidas administrativas y legales que corresponden, ante la inquietud de la ciudadanía que ha seguido con preocupación el avance de ese vía crucis en que se convirtió lo que el anterior Gobierno presentó como una gran obra de progreso. Como era de esperar, esta aparente indolencia institucional ha dado pie a diversas especulaciones, que van desde la sospecha de que el hermetismo o indecisión del ministro al respecto se debe a una suerte de colusión convenida con su antecesor en el cargo en el sentido de no tomar acciones que conduzcan a responsabilizar a este por los desmanes administrativos y financieros presuntamente cometidos en la preparación y ejecución del proyecto. Es plausible una iniciativa legislativa destinada a investigar a los responsables de la fallida iniciativa.

Han transcurrido más de tres meses desde que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, decidió dar por terminado el contrato de trabajos destinados a la construcción del controvertido proyecto metrobús, adjudicado a la empresa portuguesa Mota Engil, sin que hasta la fecha su cartera de Estado haya tomado las medidas administrativas y legales que corresponden, ante la inquietud de la ciudadanía que ha seguido con preocupación el avance de ese vía crucis en que se convirtió lo que el anterior Gobierno presentó como una gran obra de progreso.

Como mínimo, tales medidas hubieran incluido, entre otras: una investigación sumaria del historial técnico y administrativo del proyecto de ingeniería propiamente dicho, una evaluación del impacto ambiental, social y económico inherente al mismo, junto con la identificación de los responsables de su elaboración a nivel de consultoría, así como de su aprobación a nivel institucional y la revisión del proceso de adjudicación del contrato de construcción a Mota Engil. Asimismo, debió hacerse un riguroso análisis técnico, administrativo y financiero del gerenciamiento de la obra, desde su adjudicación hasta la asunción de las actuales autoridades ministeriales, con base en la documentación oficial existente, para derivar en

una denuncia formal del titular del MOPC ante el Ministerio Público. Por último, satisfacer la natural curiosidad ciudadana en cuanto a la decisión final del Gobierno acerca del malhadado proyecto: si se lo abandona definitivamente, se lo modifica, o si se lo va a reemplazar por otro diferente, y no mantener a la gente en ascuas, como ocurre actualmente.

Que se sepa, hasta ahora nada de esto ha dispuesto el ministro Arnoldo Wiens. Como era de esperar, esta aparente indolencia institucional ha dado pie a diversas especulaciones, que van desde la sospecha de que el hermetismo o indecisión del ministro al respecto se debe a

una suerte de colusión convenida con su antecesor en el cargo en el sentido de no tomar acciones que conduzcan a responsabilizar a este por los desmanes administrativos y financieros presuntamente cometidos en el proceso de gerenciamiento del proyecto metrobús, hasta la de obstruir la acción de la justicia para que ella motu proprio no tome intervención en el caso. De resultar cierta una colusión, necesariamente tienen que estar también comprometidos

directivos de Mota Engil, conformando así una troika que hasta ahora le inhibe al presidente Mario Abdo Benítez a tomar el toro por las astas. Su Gobierno debe destapar la olla podrida y llevar a los responsables ante los estrados judiciales a los efectos de resarcir al Estado por los perjuicios ocasionados por los concusionarios y empresarios involucrados en la putrefacta trama del metrobús.

Con el beneficio de la duda a favor del ministro Wiens, lo que se espera de su parte en este embrollo es que, sin más demora, tome las acciones destinadas a disipar cualquier duda respecto de su presunta complicidad, encubrimiento u obstrucción en este espinoso asunto. Este paso debe implicar necesariamente el total esclarecimiento del oscuro historial de gerenciamiento técnico, administrativo y financiero del proyecto metrobús, con nombres y apellidos de los funcionarios, fiscalizadores y directivos de Mota Engil directamente involucrados en los trabajos ejecutados, desde el inicio hasta el final de la última jornada de trabajo. Por cuerda separada, el ministro debe dar a conocer a la opinión pública cuál es la decisión final del Gobierno sobre la suerte del fatídico proyecto.

La urgencia de acabar con esta pesadilla que la ciudadanía sufre despierta, se ve reflejada en el proyecto presentado por el diputado Amado Florentín (PLRA), ya aprobado por las dos Cámaras del Congreso, de crear una comisión bicameral de investigación sobre los responsables de esta fallida iniciativa de transporte público de pasajeros. El diputado Édgar Acosta (PLRA) calificó de “sorprendente” que las autoridades nunca hayan llevado adelante una investigación formal del caso, pese al perjuicio económico ocasionado a unos 2.000 comerciantes frentistas por los desprolijos trabajos de la empresa portuguesa Mota Engil, amén de las incomodidades y peligros sufridos cotidianamente por peatones y automovilistas obligados a transitar por calles alternativas mal acondicionadas, a causa de los tramos de avenida intervenidos por los trabajos de construcción. “Tenemos que dar respuestas”, terminó enfatizando con acierto el legislador de referencia.

Mientras tanto, lo que el MOPC hace es barajar alternativas –más bien líricas– en cuanto a rescatar de sus escombros el infortunado proyecto por el que el Estado paraguayo ya ha pagado 134.000 millones de guaraníes,

de los que 28.000 millones fueron en concepto de anticipo. A todo este perjuicio hay que agregar unos US$ 18 millones que la firma portuguesa reclama en concepto de perjuicios e intereses devengados por la supuesta demora del MOPC en liberarle espacios físicos de trabajo en las franjas de dominio intervenidas. Irregularidad intencional reiterada,

imputable a funcionarios inescrupulosos del MOPC, que deben ser identificados y sancionados si hubiera una investigación seria como lo pretenden ahora los legisladores, y que, al parecer, no es la intención del ministro

Arnoldo Wiens.

Si en un asunto tan escandaloso como el metrobús, llevado adelante a tambor batiente por el Gobierno anterior, pese a las numerosas advertencias sobre la inviabilidad del proyecto tal cual estaba concebido, no se identifica a los responsables y se les hace pagar penal y civilmente por sus faltas, este monumento a la ineficiencia y la corrupción alentará nuevos emprendimientos que solo busquen lucrar indebidamente a costa del contribuyente paraguayo, sin ofrecer nada a cambio.