Torta de isopor
Cada tanto aparecen reportajes internacionales titulados “El mejor trabajo del mundo”. Dan cuenta de atractivas ofertas para vivir en algún sitio paradisiaco a cambio de un buen salario, como encargados de alguna mansión a orillas del mar, guardianes de alguna exclusiva isla exótica o inquilinos de algún palacio escandinavo.
Son de esas oportunidades que uno espera siempre, desde la fantasía, con la intención de tener una vida idílica sin realizar ya grandes esfuerzos.
En nuestro país algunos cumplen ese sueño.
Se trata de cobrar más de 32 millones de guaraníes al mes por una simulación laboral que comprende además otros privilegios, como millonarios vales de combustible, pines de oro, asesores, elegantes maletines de cuero, exclusivos seguros médicos privados, los privilegios y el status inherentes a una autoridad nacional, y la reciente pretensión de acceder a una jubilación de privilegio con solo 10 años de simulacro laboral.
Fue en agosto de 2016 cuando en esta columna pedíamos que alguien se hiciese cargo de eliminar esta absurda y costosa figura, creada con la sola finalidad de ponerle más levadura a la torta de negociaciones y cupos políticos, con 18 nuevos cargos y toda una estructura burocrática apetecible para los prebendarios.
Para tener un Estado más coherente con nuestras necesidades y prioridades solo debe tomarse una decisión política que nos permitirá ahorrarnos más de 25 mil millones de guaraníes, presupuestados anualmente.
La de los parlasurianos es una elección absolutamente prescindible.
Hoy el Parlasur sirve solo como un órgano consultivo en el que además somos absoluta minoría, con 18 bancas de un total de 146.
Un órgano de “integración regional” en el que como socios plenos y fundadores no tenemos siquiera la misma proporción de representantes, frente a las 50 bancas que tiene Brasil, 41 Argentina o 19, la más tarde incorporada, Venezuela, por ahora suspendida.
Sus decisiones ni siquiera son aún vinculantes, son meramente declarativas, por lo que no obligan a los estados partes a adoptar sus resoluciones.
Una costosa burocracia cuyos efectos no tienen impacto en la integración regional.
A esta joya le agregamos localmente el hecho de que el protocolo del Mercosur establece mandatos de cuatro años. Y nosotros unilateralmente les otorgamos cinco.
Alguno podrá argumentar que la designación a través de elecciones es un tema acordado regionalmente, pero lo cierto es que si existe la voluntad de poner el interés general ante todo, una buena negociación puede ahorrarnos una burocracia prescindible.
Son 18 privilegiados que reciben el mismo salario de un diputado, tienen inmunidad regional, fueros como blindaje ante procesos judiciales, privilegios de un congresista y una reducidísima, cuando no nula actividad laboral.
¿No pueden ser quizás los 9 senadores y 9 diputados más votados, o tal vez los primeros diputados de cada departamento y la Capital, con un viático cuando deban ir a sesionar?
Claramente es un botín político perfectamente suprimible en un Estado como el nuestro en el que debemos destinar el dinero y los recursos disponibles a lo verdaderamente urgente e importante.
Por eso espero fervientemente que tengan éxito las diputadas que ahora presentaron un proyecto de ley para eliminar esta costosa y absurda elección.