La confianza en el diputado Cuevas ya está perdida.

La mesa directiva de la Cámara de Diputados eliminó del orden del día de la última sesión el tratamiento de un laudable proyecto de declaración de pérdida de confianza en la gestión de su presidente, Miguel Cuevas (ANR), al que se le había acordado preferencia en la sesión del 20 de marzo para que sea tratado como primer punto del orden del día en la siguiente sesión. Se alegó que no habría tenido despacho de las comisiones competentes. Por si a quienes respaldan el pésimo desempeño del diputado Cuevas se les ocurre lavarse las manos alegando que a ninguna comisión le corresponde dar su parecer sobre el referido proyecto, es de señalar que el art. 154 otorga a la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción la facultad de dictaminar “sobre toda petición o asunto que no corresponda a otra comisión”. La ciudadanía tiene sobrados motivos para creer que el diputado Cuevas nunca debió haber ocupado el cargo que ocupa, atendiendo sus deplorables antecedentes en la función pública. Es de esperar que la Cámara de Diputados se ocupe cuanto antes del proyecto de declaración de “pérdida de confianza”, que no tiene un carácter político, sino moral.

La mesa directiva de la Cámara de Diputados eliminó del orden del día de la última sesión el tratamiento de un laudable proyecto de declaración de pérdida de confianza en la gestión de su presidente, Miguel Cuevas (ANR), al que se le había acordado preferencia en la sesión del 20 de marzo para que sea tratado como primer punto del orden del día en la siguiente sesión. Se alegó que no habría tenido despacho de las comisiones competentes, tal como manda el art. 118 del reglamento interno de la Cámara. Según la proyectista Kattya González (PEN), ellas no emitieron dictámenes con la curiosa excusa de que no les correspondía “opinar”. Resulta que esa es justamente su función y no la de sabotear una iniciativa fundada en muy buenos motivos.

La Comisión de Asuntos Constitucionales adujo que no puede dictaminar en este caso porque la “declaración política” no tiene el tratamiento de un proyecto de ley, pese a que el art. 137 de la citada normativa dice que le compete “dictaminar sobre todo proyecto o asunto”. Por si a quienes respaldan el pésimo desempeño del diputado Cuevas se les ocurre lavarse las manos alegando que a ninguna comisión le corresponde dar su parecer sobre el referido proyecto, es de señalar que el art. 154 otorga a la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción la facultad de dictaminar “sobre toda petición o asunto que no corresponda a otra comisión”.

En suma, como las comisiones asesoras no opinan solo con relación a un proyecto de ley, es de esperar que alguna de ellas tenga la decencia de pronunciarse sobre si Cuevas merece o no seguir gozando de la confianza de la Cámara en el ejercicio de su alto cargo.

La ciudadanía tiene sobrados motivos para creer que nunca debió haberlo ocupado, atendiendo sus deplorables antecedentes en la función pública. En efecto, tras hacer de intendente de Sapucái, donde tiene una mansión gracias al cultivo de tres hectáreas de algodón, según dijo, administró el puerto franco de Paranaguá (“allí gané mucha plata”) y terminó como gobernador de Paraguarí, legando una supuesta malversación de 1.200 millones de guaraníes en combustibles –hoy investigada por el Ministerio Público– y “seis tractores en perfectas condiciones”, de los que parece estar muy orgulloso. Cuevas recusó a la agente fiscal Josefina Aghemo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la confirmó y su abogado defensor pidió una “aclaratoria” de esta decisión, lo que significa que el indagado ya se está comportando como un vulgar chicanero, seguramente porque se sabe culpable.

Quizás también esté orgulloso de su desempeño al frente de la “Honorable Cámara”, que cuenta con más de dos mil funcionarios y contratados, que tienen una jornada “laboral” de seis horas. Claro que no todos asisten a su lugar de “trabajo” y que hay quienes nada tienen que hacer, tanto que pueden deambular por los pasillos u ocuparse de su arreglo personal en horas de oficina. En marzo la Cámara resolvió contratar una auditoría externa, a un costo de 280 millones de guaraníes, para detectar a los “planilleros” y saber qué hacen quienes están cobrando un buen sueldo, como los 18 que en enero recibieron un notable aumento. A los contribuyentes también les gustará saber a qué se dedican las veinte personas “de confianza” que cada diputado puede contratar y si, por casualidad, están emparentados con el jefe. Se preguntarán, además, qué méritos hizo Laura Salem Lugo para cobrar seis millones de guaraníes mensuales por visitar el Palacio Legislativo los lunes y martes, tras haber ingresado en septiembre con un sueldo de cuatro millones. O para ganar 4.300.000 guaraníes mensuales en la Dirección Médica, que tiene un plantel de 30 personas, como Patricia Arellano, nombrada sin haber participado en un concurso público de oposición. La respuesta es que un padre que funja de “operador político” del presidente de la Cámara es un aval muy importante. Quizá sea una mera coincidencia, pero se inició la pavimentación de 30 kilómetros del tramo Sapucái-Alpasa, con lo que la estancia de Cuevas se valorizaría bastante. Es que el puesto que ocupa otorga muchos privilegios de hecho y de derecho, lo que induce a inquirir cómo es posible que el susodicho haya llegado tan alto, en su primer año como legislador, careciendo de dotes intelectuales y sin destacarse por sus virtudes. La respuesta es que desertó oportunamente del cartismo para sumarse al abdismo. Su transfuguismo le está resultando muy rentable, tanto que sigue contando con el respaldo del presidente de la República, con quien participó días pasados en un acto oficial en Paraguarí. Mario Abdo Benítez, que se llena la boca fustigando a los corruptos, tendría que evitar semejante compañía para que no se lo tilde de hipócrita. Entretanto, se aguarda que la Cámara de Diputados se ocupe cuanto antes del proyecto de declaración de “pérdida de confianza”, que no tiene un carácter político, sino moral. Un cuerpo colegiado que se dice “honorable” debe ser presidido por una persona que haya administrado o esté administrando el dinero público con honradez. Si ello no ocurre, debe inferirse que sus miembros son de la misma ralea que Miguel Cuevas.