Emprendimientos privados en tierra destinada a mesiteros
El contrato de concesión con el shopping K.K. lo firmó la intendenta Sandra McLeod de Zacarías el 14 de febrero de 2011 y establece la realización y explotación de un “estacionamiento y obra de inversión” en la finca 2925 B, parte del predio de nueve hectáreas ubicado en el microcentro de Ciudad del Este, a metros de la frontera con Brasil.
En el lugar se construyó el lujoso shopping París, con 80.000 metros cuadrados, 150 espacios para tiendas comerciales, 1.500 autos y 30 buses en estacionamiento, según su web. La explotación del espacio cuesta un exiguo canon mensual de G. 100 millones. La inauguración del emprendimiento privado se realizó el 2 de febrero de 2017.
Sin embargo, la finca 2925 A y B, así como la vecina, la finca 2.771, fueron expropiadas en 1990 con fines sociales y no comerciales. El objetivo era, según resolvió la Junta Municipal ese mismo año, la “ubicación definitiva de los trabajadores de la vía pública”.
Los dos predios totalizan nueve hectáreas. La finca 2.925 pertenecía al dictador Alfredo Stroessner y tiene 7 hectáreas. La finca vecina, número 2.771, es de una hectárea y 1.887 metros cuadrados. Era propiedad de Mario Abdo Benítez, padre del actual presidente de la República.
Pese a que la donación fue con fines sociales, finalmente las tierras pasaron a ser explotadas por millonarios empresarios, todos cercanos al senador Javier Zacarías y a su esposa, la intendenta defenestrada en febrero pasado, Sandra McLeod. Además del shopping París, en la finca 2925 se encuentran el shopping Del Este, el shopping Box y el Estacionamiento del Este, todos emprendimientos privados.
El inmueble donado por Abdo Benítez fue vendido en el 2010 por solo un millón de dólares a la empresa Royal Investment, propiedad de los investigados por lavado de dinero Walid Amine Sweid y Juan Carlos Sosa, ambos amigos del senador Javier Zacarías Irún y su esposa, además del actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez Moreno.
Actualmente, los Zacarías-McLeod enfrentan procesos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, lesión de confianza y otros delitos.