Contrato nulo y firma sin solvencia
Pese a protestas de funcionarios de la ANNP contra la cesión del inmueble en el 2013, la Suisse Investment comenzó a trabajar. Ante las movilizaciones ciudadanas y por medio de un requerimiento firmado por su abogado Juan Carlos Duarte, la firma consiguió una medida cautelar para que la Policía custodiara a los obreros. Así se comenzó a demoler el edificio donde funcionaba una dependencia del Ministerio de Hacienda, pero el trabajo quedó a medias con la rescisión del acuerdo.
El contrato quedó sin efecto por recomendaciones de la Procuraduría General de la República, a cargo de Roberto Moreno, y la Contraloría General de la República, entonces a cargo de Óscar Rubén Velázquez.
En su análisis, el procurador afirma que el contrato de locación fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra en la zona primaria aduanera sin autorización de la Dirección Nacional de Aduanas, por lo que se contravinieron disposiciones del Código Aduanero, “siendo por tanto el objeto del contrato nulo”.
El contralor Óscar Velázquez, por su parte, consideró que acorde el Código Civil, el arrendamiento podía ser hasta por 20 años, pero el contrato era por 23 a 25 años, prorrogables por otros 10.
Según la Contraloría, tampoco se salvaguardaron los principios de economía, eficiencia, igualdad, la libre competencia, transparencia y publicidad, que garantizarían al Estado mejores condiciones. Esto porque no hubo licitación pública ni se analizaron otras ofertas.
Además, acorde la Contraloría, los estados contables de la Suisse Investment “determinan una capacidad económica insuficiente para llevar a cabo la operación planteada debido a pérdidas en el 2009 y 2010, y leve superávit en el 2011 en base a la información provista por la SET, además de la realización de operaciones en dólares sin la comunicación a la Seprelad”. Estos parámetros de riesgo no se tuvieron en cuenta, según Velázquez.
La rescisión de este contrato dio pie a acciones judiciales por parte de la empresa Suisse Investment. Paralelamente, a partir de la denuncia penal realizada por sindicalistas de Puertos, el Ministerio Público investigó e imputó a Fernando Nicora y quienes conformaban el director de la institución por varios delitos.
Nabil Nasser dijo, sin embargo, que la Aduana sí emitió un dictamen diciendo que las tierras que pretende para el proyecto no son parte de la zona primaria, pero ese documento se perdió.
También afirmó Nasser que sí se analizaron otras ofertas y que la suya, además de haber sido la primera, era la mejor. Insistió en que nunca le notificaron de la rescisión del contrato.