Familia teme despojo de finca
SAN ESTANISLAO (Sergio Escobar Rober, corresponsal). Integrantes de una familia de pequeños productores agrícolas denunciaron que los dueños de una propiedad colindante a sus fincas les mantienen en zozobra y no les permiten ingresar a su terreno. Acusan a un funcionario del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de ser el principal responsable del conflicto. Además exigen la apertura de una calle para poder acceder hasta el sector donde tienen sus tierras.
La intención sería despojarlos de sus terrenos, según los afectados que en estos momentos quedaron acampados al costado de la ruta a la entrada de la finca en conflicto.
Miembros de la familia Areco Silva de la compañía Yataity´i ubicada en el km 159 de la ruta 10 Las Residentas de este municipio realizaron una denuncia pública para informar que hace una década mantienen un conflicto con diferentes dueños de un establecimiento ganadero colindante a sus tierras, donde disponen de una extensión de 21 hectáreas cuyo título original está registrado a nombre de Nemesio Areco Pérez (+), padre de los denunciantes.
Según los afectados, originalmente el establecimiento ganadero con el que mantienen un conflicto judicial estaba registrado a nombre de Virginia Pettengill, pero a raíz de los problemas que se presentaron con la familia aparentemente decidieron vender a otras personas, sin embargo, como los conflictos seguían sin poder ser solucionados, los propietarios iban buscando otros compradores para desprenderse de los problemas, mencionaron.
Actualmente el dueño de esta finca sería un ciudadano de nacionalidad brasileña, sin embargo, los encargados del lugar no precisaron su identidad.
Por su parte, Margarita Areco (67) refirió que hace diez años que no pueden trabajar en sus parcelas, por más que tienen los títulos originales, y que reciben constantes amedrentamientos de los encargados de la ganadera y de las mismas autoridades de la zona. En ese sentido, culparon a un antiguo funcionario del Indert, identificado como Enrique Ledesma, de la oficina de Santaní, quien supuestamente habría fraguado algunos datos para que puedan ser despojados de sus tierras, aseveró.
Durante nuestro recorrido por el referido lugar conversamos con una persona de apellido Brítez sobre el tema, el mismo se identificó como el capataz del establecimiento y dijo que no está autorizado a dar ninguna opinión sobre el caso.
Así mismo tratamos de contactar con el funcionario del Indert acusado de estar metido en el conflicto, pero no tuvimos éxito y no atendió nuestra llamada.