EDITORIAL

Otro intento de despojo de codiciadas tierras públicas. El valioso predio de casi doce hectáreas que la ANNP posee en la zona primaria aduanera de Ciudad del Este volvió a estar en la mira de la firma Suisse Investment Corp. En enero de 2013 había firmado con dicha entidad pública un contrato de locación para erigir un centro comercial y un depósito cubierto, así como tres edificios de quince pisos y uno de cuatro. El contrato fue rescindido por la ANNP en julio de 2014. Claro que ya en octubre de 2013, es decir, antes de la rescisión del contrato ilícito, el empresario Simón Falic había mostrado su interés en dar un manotazo al predio valuado en 185 millones de dólares. En octubre, el Poder Ejecutivo autorizó a los órganos estatales a desarrollar en el terreno de la ANNP, previa resolución suya, un “proyecto turístico y de inversiones”, que fue aprobado por Horacio Cartes, al igual que el pliego de bases y condiciones de la licitación pública. Pero el negociado quedó en agua de borrajas cuando empezaron a salir a la luz los entretelones y los esteños comenzaron a protestar. Quienes habían tomado la iniciativa hace seis años volvieron a la carga aliados de nuevo a las autoridades de turno. El jefe del Gabinete Civil, quien también había recibido al empresario Nabil Nasser para hablar de asuntos jurídicos, según dijo, negó que el Gobierno tuviera la intención de promover un tercer intento de despojo. Nos permitimos dudar de sus palabras y suponer, más bien, que la iniciativa fue abortada porque la ciudadanía se enteró oportunamente del negociado en ciernes.

El valioso predio de casi doce hectáreas que la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) posee en la zona primaria aduanera de Ciudad del Este volvió a estar en la mira de la firma Suisse Investment Corp, perteneciente a los hermanos Karin y Hassan Nabil Nasser, hijos del empresario Nabil Nasser. En enero de 2013 había firmado con dicha entidad pública un contrato de locación para erigir, a un costo de 55.500.000 dólares y en un área de 12.886 metros cuadrados, un centro comercial y un depósito cubierto,

así como tres edificios de quince pisos y uno de cuatro. El contrato, que preveía un canon mensual de 280 millones de guaraníes, fue rescindido por la ANNP en julio de 2014, a instancias de la Procuraduría y de la Contraloría General de la República, a cargo de Roberto Moreno y de Óscar Rubén Velázquez, respectivamente.

El primero dictaminó que se había omitido la autorización de la Dirección Nacional de Aduanas, necesaria porque el inmueble está ubicado en la zona primaria aduanera. El segundo apuntó que regiría de veintitrés a veinticinco años, incluyendo los de construcción de las obras, siendo que el plazo máximo de un arrendamiento es de veinte, según el Código Civil; más aún, como se omitió el llamado a licitación pública, no se estudiaron otras ofertas, a lo que se sumaba que la capacidad económica de la Suisse Investment Corp. era “insuficiente” para el emprendimiento y que había realizado “operaciones en dólares, sin la comunicación a la Seprelad”.

En 2016, ante una denuncia formal del sindicato de la ANNP, el Ministerio Público imputó por estafa a su entonces presidente, Fernando Nicora (PLRA), y a los exmiembros del Directorio por haber ignorado que el art. 19 de la Ley N° 1066/65 les prohibía “comprometer directa o indirectamente los intereses de la ANNP en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su objeto”. Claro que ya en octubre de 2013, es decir, antes de la rescisión del contrato ilícito, el empresario Simón Falic había mostrado su interés en dar un manotazo al predio valuado en 185 millones de dólares. Lo hizo ante miembros de una misión oficial a Israel, uno de los cuales, el gobernador Justo Zacarías Irún (ANR), habló a su regreso de una inversión hotelera en Ciudad del Este. En enero de 2015, el citado inversor fue recibido en el Palacio de López; un mes después, la Junta Municipal declaró a su puerto “área de desarrollo de un polo turístico”, pese a que, según el procurador general citado, no podía ordenar a la ANNP “lo que tiene que hacer con sus inmuebles”; en octubre, el Poder Ejecutivo autorizó a los órganos estatales a desarrollar en el terreno de la ANNP, previa resolución suya, un “proyecto turístico y de inversiones”, que fue aprobado por Horacio Cartes, al igual que el pliego de bases y condiciones de la licitación pública. Todo parecía marchar sobre rieles para despojar a la

entidad portuaria de sus casi doce hectáreas, con el concurso de los Zacarías Irún y hasta del hoy prófugo Darío Messer, mediante una concesión a ser otorgada por treinta años. Pero el negociado quedó en agua de borrajas cuando empezaron a salir a la luz los entretelones y los esteños empezaron a protestar. Al final, no se llamó siquiera a licitación pública porque se descubrió que lo impedía una medida cautelar dictada en una demanda promovida por Suisse Investment Corp en torno a la validez del contrato y que el predio en cuestión no había sido desafectado por ley del servicio público.

Y bien, como el zarpazo quedó en la nada, quienes habían tomado la iniciativa hace seis años volvieron a la carga para quedarse con al menos una parte del apetecible inmueble, aliados de nuevo a las autoridades

de turno. Allí está el presidente de la ANNP, Ramón Retamozo, un admirador de Nabil Nasser, a quien califica como un empresario de “mucho poder en todo sentido”. Es decir, no tendría solo un poder económico, sino también uno político, quizá atribuible a sus vínculos con quienes hoy mandan, empezando por el Presidente de la República, con quien compartió una mesa en una cena de recaudación de fondos antes de los últimos comicios generales. Y también, aunque más no sea en forma indirecta, con el vicepresidente de la República, quien tuvo como colega en la capital del Alto Paraná al exagente fiscal Juan Carlos Duarte, abogado de Suisse Investment Corp al menos desde 2013 y actual asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, a pedido de Hugo Velázquez. Muy suelto de cuerpo, Retamozo sostuvo que la rescisión del contrato con dicha firma fue una “injusticia” y que el “tan interesante proyecto” debería reanudarse. O sea que le importa un bledo, entre otras cosas, la prohibición de la ley orgánica de la ANNP y el hecho de que el inmueble no haya sido desafectado legalmente del servicio público. Debería recordar que su antecesor en el cargo fue imputado por el agente fiscal Martín Cabrera por hacer justamente lo que él pretende reflotar ahora. Entusiasmado con la idea, apenas supo del renovado interés de Suisse Investment Corp, informó del mismo al jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Julio Ullón. El jefe del Gabinete Civil, quien también recibió al empresario Nabil Nasser para hablar de asuntos jurídicos, según dijo, negó que el Gobierno tuviera la intención de promover un tercer intento de despojo. Nos permitimos dudar de sus palabras y suponer, más bien, que la iniciativa fue abortada porque la ciudadanía se enteró oportunamente del negociado en ciernes . Se ignora si el jefe del Poder Ejecutivo estaba o no al tanto de lo que se tramaba, lo que sería grave y preocupante en uno u otro caso. Lo cierto es que Retamozo y Ullón estuvieron involucrados en el muy sucio asunto, razón por la cual tienen que abandonar sus respectivos cargos.