Antes que aumentar impuestos, combatir el derroche.

En el aparato estatal no solo se roba, sino que también se derrocha a manos llenas. Los burócratas parecen creer que a nadie dañan si se apropian del dinero público. Lo mismo suponen cuando lo malgastan. Los responsables del dispendio son los legisladores que sancionan el Presupuesto General de la Nación y el presidente de la República que lo promulga con el refrendo del ministro de Hacienda, en tanto que las víctimas son, entre tantos otros, los enfermos que no pueden ser bien atendidos en los hospitales públicos por falta de remedios o insumos. Si los corruptos violan la ley, los burócratas son muy eficientes a la hora de ejecutar los despilfarros autorizados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, es decir, por los mismos órganos que se aprestan a aumentar la carga impositiva que pesa sobre los mismos de siempre. Si el jefe del Poder Ejecutivo promoviera que los contribuyentes habituales paguen aun más, sin que se eliminen los despilfarros, estaría traicionando gravemente la confianza en él depositada.

En el aparato estatal no solo se roba, sino que también se derrocha a manos llenas. Los burócratas parecen creer que a nadie dañan si se apropian del dinero público, aunque no ignoren que la lesión de confianza y el enriquecimiento ilícito son delitos castigados por el Código Penal. Lo mismo suponen cuando lo malgastan, aunque en este caso no delincan, pues su conducta está respaldada por la Ley del Presupuesto General de la Nación. En efecto, los responsables del dispendio son los legisladores que lo sancionan y el presidente de la República que lo promulga con el refrendo del ministro de Hacienda, en tanto que las víctimas son, entre tantos otros, los enfermos que no pueden ser bien atendidos en los hospitales públicos por falta de remedios o insumos. La Cámara de Diputados, por ejemplo, podrá gastar este año nada menos que 1.041.390.000 guaraníes en pasajes y viáticos para sus miembros y funcionarios que realicen “misiones” nacionales e internacionales. Despilfarros similares se observan en otras entidades públicas en los mismos conceptos o en otros, como bocaditos y refrigerios. Como el dinero gastado no sale del bolsillo de los parlamentarios, de Mario Abdo Benítez o de Benigno López, resulta fácil aprovecharse de él para darse algunos gustos a sí mismos o a los allegados. En esta materia, los diputados tienen una arraigada tradición que habrá de continuar en la actual legislatura, mal que les pese a los contribuyentes. Vale recordar un par de casos que muestran a qué extremos se puede llegar en la Cámara Baja en lo que a viajes al exterior respecta. Entre el 11 y el 14 de octubre de 2013, su miembro Purificación Morel (ANR) asistió en Ibagué (Colombia) al 18° Congreso Internacional de la Misericordia, a costa de sus compatriotas. El célebre diputado Carlos Portillo (PLRA) se anotó para una visita oficial a Las Vegas (EE.UU.), que no llegó a realizar, aunque haya cobrado el correspondiente viático, para asistir a un Curso de Gestión Financiera y Presupuesto Público, entre el 27 de diciembre de 2013 y el 5 de enero de 2014. El diputado Jorge Ignacio Baruja (ANR) sí voló a Cancún (México), donde permaneció desde el 20 hasta el 25 de enero de este último año, con motivo de un Congreso Mundial de Menopausia que, en realidad, se realizó entre los días 1 y 4 de mayo siguientes. Tras ser descubiertas sus respectivas fechorías, los dos últimos devolvieron el viático percibido, siendo castigado Portillo con dos años de inhabilitación para representar a la Cámara en el exterior. Nótese que las citadas ciudades son turísticas, es decir, que los diputados no van a cualquier sitio para que el país aproveche luego las experiencias y los conocimientos que ganaron en algún curso o congreso. Son bien selectivos, al igual que los senadores, también acostumbrados a conocer el mundo mediante el dinero público para después elaborar enjundiosos proyectos de ley. Tanto es el deseo de los integrantes de la Cámara Baja de servir al país viajando al exterior, que lo hicieron 489 veces entre 2013 y 2018, cobrando viáticos por un valor total de 3.350 millones de guaraníes. El récord lo tiene Esmérita Sánchez (PLRA), con 22 excursiones. Ese afán de capacitarse es compartido por los funcionarios, según surge del viaje de diez días de duración que acaban de realizar a Marruecos Enrique Castro y Carolina Khonter, director de Cultura y directora de Protocolo de la Cámara de Diputados, respectivamente. Tras aclarar que ella está de vacaciones y que asumió sus gastos, el presidente de la Cámara, Miguel Cuevas (ANR), que en enero de este año otorgó a 18 funcionarios unos aumentos salariales que costarán 3.000 millones de guaraníes, anunció que Castro, como era previsible, “va a traer beneficios para nuestra gente”. Por de pronto, la gente ya sabe que el funcionario puede montar un camello y lucir una túnica marroquí. Más allá de lo anecdótico, los casos expuestos ilustran con cuánta ligereza se emplea el dinero de todos en actividades que no habrán de servir, en absoluto, para mejorar la calidad de vida de la población. Los viajes turísticos deben ser suprimidos, aunque ya sea saludable que al menos se trate de mejorar el régimen de otorgamiento de viáticos en la administración pública, hoy regulado por la Ley N° 2597/05. En tal sentido, es plausible que los diputados Édgar Acosta (PLRA), Celeste Amarilla (PLRA) y Kattya González (PEN) hayan presentado un proyecto de ley en el que, entre otras cosas, se dispone que la rendición de cuentas sea calculada sobre el total del viático percibido y ya no solo sobre el 70%, que también el presidente y el vicepresidente de la República, así como los legisladores y los ministros de la Corte Suprema de Justicia, presenten comprobantes y rendiciones de cuentas por los gastos en concepto de viáticos y que del salario de los funcionarios se descuente una suma igual a los no justificados, más el 10% de ese total. Por cierto, el derroche no solo tiene que ver con los viajes al exterior, sino también con los “comisionamientos” al interior del país, cuando se trasladan más funcionarios de los requeridos. Por supuesto, las erogaciones superfluas en el aparato estatal son múltiples y de muy variada índole, por culpa de quienes sancionan y promulgan el Presupuesto nacional. Una de las más escandalosas es la que genera la creación de órganos y cargos innecesarios, con lo que el 75% de la recaudación tributaria termina en los bolsillos de decenas de miles de funcionarios y contratados prescindibles. Si los corruptos violan la ley, los burócratas son muy eficientes a la hora de ejecutar los despilfarros autorizados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, es decir, por los mismos órganos que se aprestan a aumentar la carga impositiva que pesa sobre los mismos de siempre. Es muchísimo lo que podría hacerse por el bien común, dejando de robar y practicando la austeridad. Como los recursos son limitados, el gasto innecesario afecta siempre al necesario. Esta obviedad debe ser atendida por quienes pretenden recurrir al fácil expediente de elevar las tasas impositivas, de eliminar las exenciones o de crear nuevos impuestos, en vez de tomarse la molestia de suprimir el enorme malgasto, una de cuyas manifestaciones son los viajes de placer al exterior, a costa de todos. Si el jefe del Poder Ejecutivo promoviera que los contribuyentes habituales paguen aun más, sin que se eliminen los despilfarros, estaría traicionando gravemente la confianza en él depositada.