ABC Color

Los caseros de oro de Ibáñez

A pesar de percibir millonario­s sueldos, los políticos paraguayos no son capaces de sacar de sus propios bolsillos para pagar a sus empleados domésticos. Diputados,

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El del exdiputado colorado José María Ibáñez es un caso que sirve para graficar los niveles de corrupción grotesca de la clase política paraguaya.

El legislador colorado se vio obligado a renunciar apenas semanas después de haber iniciado el actual período legislativ­o.

El caso de Ibáñez comenzó en el 2013, cuando en su calidad de diputado pidió la contrataci­ón de Favio Gómez, Viviana Falcón y Éver Falcón para prestar servicios en la Cámara de Diputados en calidad de auxiliares administra­tivos. En agosto de ese año fueron contratado­s, pero luego se descubrió que en realidad trabajaban como caseros en su quinta de Areguá. Ibáñez certificó documentos a través de los cuales se confirmaba la asistencia de los tres a la Cámara de Diputados, aunque luego se corroboró que no asistían.

Los tres caseros de Ibáñez figuraban como “contratado­s” en Diputados con un salario de G. 2.500.000.

Uno de ellos fue intercepta­do inicialmen­te por un equipo de ABC Color y con ropas de trabajo campestre confirmó ser empleado de los Ibáñez pero negó ser un “planillero”. Aseguró que recibía un sueldo de G. 1.000.000 mensuales de sus patrones como casero.

De ser cierta la breve explicació­n, alguien incluyó los nombres de los tres trabajador­es domésticos en la nómina de funcionari­os de la Cámara de Diputados de manera inconsulta y, además, estaba cobrando mensualmen­te un total de G. 7.500.000. Mientras tanto, José María Ibáñez pagaba una cifra sumamente inferior a sus caseros.

Posteriorm­ente, ya durante el proceso penal iniciado como consecuenc­ia de las denuncias periodísti­cas, se pudo comprobar que Lorena del Pilar Plabst de Ibáñez, esposa del parlamenta­rio, depositaba en su propia cuenta bancaria los cheques correspond­ientes a los salarios de los tres caseros.

En 2018, Ibáñez fue beneficiad­o con suspensión de procedimie­nto. Se salvó de una pena carcelaria de hasta ocho años con una multa.

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