Peligra la defensa del Estado en denuncia ante la CIDH.

Los exsindicalistas Alan Flores y Ronald Orrego fueron condenados en 2010 a siete años de prisión como autores del hecho punible de asociación criminal y cómplices del de lesión de confianza. Ambos vaciadores tuvieron el descaro de denunciar al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentándose como las pobres víctimas de una persecución que habría apuntado a eliminar la fuerza del sindicalismo. La denuncia fue contestada por el procurador general de la República adjunto, Renzo Cristaldo. Se preguntará el lector por qué no lo hizo su propio jefe. Resulta que años después del sonado caso, Sergio Coscia, actual procurador general de la República, llegó a integrar el estudio jurídico de uno de los protagonistas del escándalo que estalló en 1998, según se evidenció en posteriores actuaciones judiciales. Se trata nada menos que del actual ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, “asesor” jurídico y político de los integrantes de la trama ideada por el empresario argentino Roque Carmona. ¿Tendrá la Procuraduría el valor de exponer ante la CIDH todo el entramado del vaciamiento del BNT, para demostrar que ni Flores ni Orrego fueron perseguidos por su condición de sindicalistas?

Los exsindicalistas Alan Flores y Ronald Orrego fueron condenados en 2010 a siete años de prisión como autores del hecho punible de asociación criminal y cómplices del de lesión de confianza. Mediante la obtención de créditos sin garantías reales para la ejecución de “proyectos sociales” inviables, habían participado en el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), causándole un daño patrimonial de 120.000 millones de guaraníes. Ambos vaciadores tuvieron el descaro de denunciar al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentándose como las pobres víctimas de una persecución que habría apuntado a eliminar la fuerza del sindicalismo.

Quienes contribuyeron a pulverizar el aporte del 0,5% de los salarios de 374.000 obreros, han omitido referir que en la misma causa también fueron condenados, entre otros, Édgar Cataldi, Mario Luján Melgarejo y Sindulfo Ramírez, expresidentes del BNT, así como otros nueve exdirectivos, cuatro exfuncionarios y hasta algún empresario.

La denuncia fue contestada por el procurador general de la República adjunto, Renzo Cristaldo, quien señaló que la judicatura aplicó la ley vigente en la materia respetando las garantías procesales. Se preguntará el lector por qué no lo hizo su propio jefe. Y bien, resulta que años después del sonado caso, Sergio Coscia, actual procurador general de la República, llegó a integrar el estudio jurídico de uno de los protagonistas del escándalo que estalló en 1998, según se evidenció en posteriores actuaciones judiciales. Se trata nada menos que del actual ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, “asesor” jurídico y político de los integrantes de la trama ideada por el empresario argentino Roque Carmona,

quien pudo fugarse a su país sin haber sido condenado. El fraudulento operativo en cuestión contó también con el importante respaldo político del hoy senador Juan Carlos Galaverna, “amigo del alma” de Cataldi.

El hecho de difundir los entretelones de la vasta conspiración contra el dinero ajeno le valió al entonces director de este diario, Aldo Zuccolillo, una querella por delitos contra el honor y la reputación, promovida por el ofendido Villamayor. El fallo condenatorio del juez Dionisio Nicolás Frutos fue confirmado parcialmente en la segunda instancia, que revocó las penas pecuniarias impuestas. La acción de inconstitucionalidad contra la sentencia del Tribunal de Apelación, compuesto por Tomás Cárdenas, Gustavo Ocampos y Carlos Bray, no ha sido resuelta. La magistratura no concluyó que este diario había mentido al revelar la participación de Villamayor en el gran contubernio. Al contrario, como difamar es atribuir un hecho con potencialidad lesiva al honor y reputación de alguien, sea o no falso lo divulgado, calificando la conducta como difamación y eliminando las penas, los camaristas dejaron en claro que las publicaciones no eran mentirosas.

La “exceptio veritatis” planteada por la defensa logró así su propósito, lo que resultó fácil por las evidencias brindadas por los calificados testigos Horacio Beltrán y Ángela Bogarín de Arca, que refirieron los lazos de Villamayor con los autores de la “ingeniería financiera”, así como por lo que declaró Jorge Alberto Robineau ante una escribana: “...escuché a el Ronco (Galaverna) manifestar que tenían luz verde de Milton (Cataldi) para desviar fondos de Arenas por un monto no mayor de G. mil millones por año, por lo que propuso la creación de una empresa constructora, en los porcentajes de participación históricos y por todos los presentes conocidos, moción aceptada por el Lagarto (Villamayor), quien representaba a Milton (...) La reunión se realiza en el estudio de Juan Ernesto Villamayor”. Según el citado Beltrán, “los porcentajes se habían establecido en partes iguales para los integrantes de este equipo de trabajo, que estaba compuesto por el Dr. Édgar Cataldi, el Dr. Juan Ernesto Villamayor, el Sr. Juan Carlos Galaverna...”.

Valgan tales antecedentes para destacar que la Procuraduría podría verse tentada a no esforzarse mucho en defensa de los intereses del país ante la denuncia formulada por esos desvergonzados, uno de los cuales (Flores) se halla prófugo en la Argentina desde hace ocho años. Al fin y al cabo, siempre de acuerdo con las pruebas producidas judicialmente, ambos estuvieron metidos en una confabulación a la que no habría sido ajeno quien compartió un bufete con Coscia, hasta agosto de 2018. Si la CIDH admitiera sus disparates, la opinión pública podría creer que, en efecto, todo fue urdido por el Gobierno de entonces para debilitar al movimiento sindical y, por extensión, al actual ministro del Interior, aunque en aquel entonces no haya sido precisamente un político disidente. Quizá por eso mismo nunca fue procesado, como tendría que haberlo sido atendiendo los claros testimonios obrantes en sede judicial. Es obvio que hoy, más que nunca, puede influir decisivamente en las actuaciones de un órgano estatal, más aun cuando está dirigido por un exsocio en el ejercicio profesional.

¿Tendrá la Procuraduría el valor de exponer ante la CIDH todo el entramado del vaciamiento del BNT, para demostrar que ni Flores ni Orrego fueron perseguidos por su condición de sindicalistas? Ello supondría exponer el papel jurídico y político que en este fétido asunto jugó el “Lagarto”, lo que con toda certeza podría disgustarlo bastante.

ABC Color no faltó a la verdad al informar a la ciudadanía sobre las mencionadas maquinaciones contra el patrimonio de los trabajadores. Ahora no incurre en un exceso de suspicacia al expresar su temor de que el órgano que defiende al Estado ante una absurda denuncia no cumpla cabalmente con su deber. Quien lo encabeza estuvo y está vinculado a “quien representaba a Milton”, es decir, al ya fallecido expresidente del BNT, que huyó del país tras ser condenado a diez años de cárcel. A él no le vendría nada mal que la CIDH se convenciera de que los denunciantes nada tuvieron que ver con la quiebra del banco. Todo lo publicado al respecto sería así fantasioso, incluyendo lo concerniente al “equipo de trabajo”, con lo que el ministro del Interior quedaría libre de cualquier sospecha. Es de suponer que Coscia lo sabe.