Ahora sí se entiende el fracaso de la FTC

Rolando Niella

El más reciente escándalo de Aduanas es solo el último de miles. El que un organismo destinado a controlar el latrocinio se dedique a perfeccionar el sistema de recaudación ilegal es, también, un caso entre muchos otros. La diferencia sustancial es que el principal protagonista sea el general (SR) Ramón Benítez, que en su momento fue responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El editorial de ABC del pasado miércoles, primero de mayo, afirma que el general Benítez no creó el “sistema de recaudación” de sobornos, sino que lo heredó, y es verdad. Sin embargo, también es cierto que resulta inimaginable que, de la noche a la mañana, haya pasado de una “acrisolada honestidad” a una desaforada voracidad corrupta… De hecho, ya hubo suficientes sospechas sobre su gestión en la FTC para que lo apartaran del cargo.

Un razonamiento lógico sencillo indica lo siguiente: si consideró su cargo al frente del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) una oportunidad para delinquir enriqueciéndose ilícitamente, casi con total seguridad habrá considerado, igualmente, la FTC como un “lucrativo negocio” para él y sus diversos cómplices.

La corrupción es siempre altamente dañina, pero cuando las autoridades implicadas en actos de corrupción son precisamente aquellas que están encargadas de perseguir el delito, se transforma en una calamidad de proporciones incalculables porque, como el “negocio” crece en la misma medida en la que se incrementa la cantidad de delitos, en lugar de perseguir la delincuencia, se dedican alegremente a promoverla.

Es por eso que el Paraguay actual carece de seguridad jurídica. ¿Cómo la habría con una docena de ministros de la Corte Suprema de Justicia que han estado al menos bajo amenaza de juicio político, o con un fiscal general que está procesado por enriquecimiento ilícito y que, por cierto, no debiera ser el único en estar en el banquillo?

Así, pues, volviendo a nuestro tema principal, en el caso de las aduanas, no se perseguirá a los delincuentes contrabandistas, sino, por el contrario, se tomarán todas las medidas necesarias para hacer la vida imposible a todos aquellos que, por ser honestos, no contribuyen al “crecimiento del negocio”.

De la misma manera, nuevamente con una transposición lógica muy simple, en el caso de las FTC, no se perseguirá a las bandas armadas (salvo algún operativo menor para cuidar las apariencias), porque la propia existencia de las bandas armadas es lo que permite el “negocio” y asegura además, no solo “recaudar” de los delincuentes y de sus víctimas, sino también incrementar los presupuestos.

Puestos a llevar esa lógica hasta las últimas consecuencias, inclusive podríamos maliciar que los pocos éxitos cosechados por la FTC, principalmente contra el ACA (esa otra banda armada menor desprendida del EPP), fueron tanto para, según la expresión popular, “hacer pinta”, como para aliviarle la competencia al principal “cliente”, que sería sin la menor duda el EPP.

En estos días, la policía dio un ejemplo (y es uno entre varios) de cómo se hace un operativo de verdad contra bandas armadas en el llamado “operativo Romai”. Solo hace falta para conseguirlo buenos fiscales y buenos policías… ¿Qué operativo así hemos visto realizar en todos sus años de labor a la FTC?

Hay una gran diferencia, por supuesto, entre el Detave y la FTC. En las aduanas se está hablando básicamente de dinero y daños materiales (también de puestos de trabajo destruidos y otros efectos sociales y económicos desastrosos); en cambio, cuando se trata de la FTC, hablamos de grandes crímenes: de secuestrados, muertos y comunidades enteras que viven en un permanente estado de zozobra y pánico.

Para percibir esa diferencia que parece tan obvia a cualquier persona normal, sin embargo, hay que tener alguna conciencia del daño que causan los actos delictivos, un sentido de la medida y la proporción de la que los corruptos parecen carecer por completo. Igual cambian un muerto por un millón, que por diez mil o por cincuenta guaraníes más de “ingresos”.

Lo cierto es que el caso del general Benítez y el Detave, tan lejano en apariencia a la persecución de bandas armadas como el autodenominado EPP, está proporcionándonos a los ciudadanos una explicación bien sólida de las causas de la inoperancia y los sistemáticos fracasos de la FTC. Tener autoridades honestas en las instituciones de lucha contra el delito no garantiza el éxito; pero tener autoridades deshonestas inevitablemente garantiza el fracaso.

Como puse en el título, ahora sí se entiende la sistemática ineficiencia de la FTC. Francamente, quisiera equivocarme. Por favor: ¡que alguien me demuestre mi equivocación! Quisiera que alguien me explique que estoy errado; pero dudo que alguna autoridad actual esté en condiciones de darnos argumentos convincentes a los ciudadanos para que dejemos de creer lo que el caso del general Benítez ha hecho parecer tan evidente.