Marito quiere cobrar más impuestos y resucitar parásitos consejeros estatales.
El último 22 de abril, el mismo Poder Ejecutivo, que busca elevar la carga tributaria de los pagantes de siempre, entregó al Senado un proyecto de ley, según el cual cada una de las nueve empresas públicas en él citadas tendrá un Directorio de entre tres y siete miembros, encargados de dirigirla y controlarla en función de los intereses de los accionistas o propietarios, es decir, del Estado. Por supuesto, los futuros afortunados consejeros no trabajarán gratis, ya que tendrán un sueldo, y, como siempre ocurre, dispondrán también de una secretaria y de un jefe de gabinete, y de un vehículo con chofer para su “uso oficial exclusivo”. Si Mario Abdo Benítez se cree moralmente obligado a retribuir favores políticos, debería recurrir a su propio bolsillo y no al dinero de los entes autárquicos. Con toda razón el empresariado y la población en general se oponen a cualquier suba o creación de nuevos impuestos porque ya no están dispuestos a que el fruto de sus esfuerzos sea sacrificado en el altar de la corrupción y el clientelismo. Se debe terminar con la aberrante práctica de rifar el dinero de la gente.
El último 22 de abril, el mismo Poder Ejecutivo que busca elevar la carga tributaria de los pagantes de siempre entregó al Senado un proyecto de ley, según el cual cada una de las nueve empresas públicas en él citadas tendrá un Directorio de entre tres y siete miembros, encargado de dirigirla y controlarla en función de los intereses de los accionistas o propietarios, es decir, del Estado, y “en congruencia con los de los grupos de interés”, como los empleados, los usuarios, los proveedores y la comunidad en general. Esos miembros serán designados y removidos por el Presidente de la República, a propuesta del Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), en tanto que “los criterios y perfiles para acceder a dichos cargos serán definidos en la reglamentación respectiva”.
Por supuesto, los futuros afortunados consejeros no trabajarán gratis, ya que tendrán un sueldo según una escala aprobada y coordinada con el CNEP y el Ministerio de Hacienda, como reza el documento presentado con sumo secretismo. Es comprensible que se haya actuado así, pues la infeliz iniciativa conlleva un evidente malgasto que desmiente a Benigno López, el ministro refrendante que suele hablar de la necesidad de mejorar la calidad del gasto público. Si Mario Abdo Benítez se cree moralmente obligado a retribuir favores políticos, debería recurrir a su propio bolsillo y no al dinero de los entes autárquicos
(ANDE, INC, Petropar, ANNP y Dinac) ni al de las sociedades anónimas (Copaco, Essap, Capasa, Ferrocarriles del Paraguay).
Suponiendo que los agraciados a costa ajena llegaran a ser 63 y cada uno de ellos cobrara 30 millones de guaraníes mensuales por término medio, embolsarían anualmente 24.570 millones de guaraníes, incluidos los aguinaldos, por reunirse –para nada– una o dos veces por semana, durante un rato. A esta conservadora estimación, que no contempla eventuales gratificaciones por buen desempeño, deben agregarse los costos de los seguros médicos y de los periódicos viajes al exterior, con todos los gastos pagos. Los que serán generosamente recompensados por motivos inconfesables dispondrían, como siempre ocurre, de una secretaria y de un “jefe de gabinete” con buenos salarios y de un vehículo con chofer para su “uso oficial exclusivo”. La ciudadanía puede tener, además, la certeza de que llenarán de allegados las respectivas empresas públicas en las que “prestan servicios”. Esto significa que, aunque fueran honestos y no cayeran en la tentación de aceptar sobornos para amañar alguna licitación, su mera presencia en el respectivo Directorio afectará notablemente el presupuesto de la entidad que los soporte.
Es de rogar que el Poder Ejecutivo no incurra en la desfachatez de sostener públicamente que los así prebendados habrán de “asegurar el crecimiento del patrimonio y la sostenibilidad de la empresa”. Esa misión que les confiere el malhadado proyecto de ley resulta un chiste de pésimo gusto, así como la exposición de motivos en la que se lee que la propuesta pone “énfasis fundamental en la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas”. Además, supuestamente se buscará también “la implantación de buenas prácticas internacionales de gobierno corporativo en las EPs, a fin de fortalecer la gobernabilidad del Sistema General de Empresas Públicas del Paraguay, y adecuarlo a estándares internacionales”.
La pésima experiencia en la materia nos permite enfatizar que lo que se pretende es agradecer la ayuda prestada o a ser prestada por los correligionarios y acaso por otros que no lo son, en el marco de unas negociaciones políticas. No es necesario ir tan lejos: allí están los Consejos de Administración de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, tradicionales cunas de seccionaleros, de parientes u otros allegados de los capos de turno, sobre cuya utilidad nada se conoce, pues nunca han defendido con firmeza los intereses nacionales en esas entidades ante el escamoteo de los beneficios que nos corresponden por parte de los países socios. Los Consejos, además, han servido para diluir las responsabilidades en relación con las malas decisiones tomadas, generalmente por orden proveniente desde arriba, de quienes nombraron a los consejeros.
También cabe implorar al Poder Ejecutivo que se ahorre la tomadura de pelo de que, mediante los directores, la población recibirá mejores servicios y tendrá mejores productos. Por cierto, los Directorios no estarán integrados por representantes de los “grupos de interés”, tal como ocurre, por ejemplo, en el Consejo de Administración del IPS y en la Junta Asesora y de Control del Indert. Si aún en estas entidades donde están representados los distintos sectores imperan la corrupción y la ineficiencia, qué esperar de aquellas empresas públicas cuyos órganos colegiados estarán conformados por quienes, de hecho, solo responderán a “criterios y perfiles” político-partidarios.
La cuestión sube de punto cuando se recuerda que el presidente Abdo Benítez no está dando muestras de mucho tino en sus nombramientos. De ello dieron muestras el grotesco exdirector nacional de Migraciones Julián Vega ,a quien se le fue la mano en Taiwán, y el ignorante excónsul general en Buenos Aires Héctor Figueredo, que perpetró algo similar. Los únicos méritos y aptitudes que pudieron exhibir para llegar a enlodar sus respectivos cargos fue su coloradismo y la adhesión a su candidatura presidencial. Estos mismos y únicos atributos adornan la personalidad de Carlos Morel, el presidente de la seccional colorada N° 1 de la capital, que en noviembre de 2018 fue sustituido como consejero del IPS por el exsenador usurpador Julio César Velázquez y desde enero de este año hace de director de la Conatel.
Así las cosas, el manido asunto de “la calidad del gasto público” solo sirve para que el ministro de Hacienda, entre otros, diga algo sobre esa materia para salir del paso, sin tener la menor intención de alterar la práctica consuetudinaria de premiar la lealtad y el carnet de afiliación. Con toda razón el empresariado y la población en general se oponen a cualquier suba o creación de nuevos impuestos porque ya no están dispuestos a que el fruto de sus esfuerzos sea sacrificado en el altar de la corrupción y el clientelismo.
Se debe terminar con la aberrante práctica de rifar el dinero de la gente.