Desmantelar o sanear la FTC.
El pasado 2 de mayo, la Cámara de Senadores aprobó tratar en el plazo de un mes un proyecto de ley que deroga la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). La iniciativa partió del PDP, alegando la falta de resultados de la misma en su lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tras más de cinco años de despliegue operacional en la Zona Norte de la Región Oriental y el ingente costo de su mantenimiento. El ministro de Defensa, Gral. (R) Bernardino Soto Estigarribia, ha salido al paso del proyecto aduciendo que “sería un error político muy grande”, alegando que la presencia de la fuerza es disuasiva para que no se concrete allí un “territorio liberado”. Ante el dilema que plantea a la Nación la inoperancia de la FTC, el presidente Abdo Benítez tiene que optar por alguna de estas opciones: desarticularla, por no haber sido capaz de cumplir con su misión; o mantenerla, pese a ello. En este último caso, debe ordenar una exhaustiva investigación para conocer las razones de su conocida inoperancia y la sospechada corrupción que imperan en su seno. Ya no se deben destinar recursos para mantener una fuerza costosa e inútil.
El pasado jueves 2 de mayo la Cámara de Senadores aprobó tratar en el plazo de un mes un proyecto de ley que deroga la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). La iniciativa partió del Partido Democrático Progresista (PDP), aduciendo como causal la falta de resultados de la misma en su lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tras más de cinco años de despliegue operacional en la Zona Norte de la Región Oriental y el ingente costo de su mantenimiento.
Como era de esperar, el ministro de Defensa Nacional,
general (R) Bernardino Soto Estigarribia, ha salido al paso de los proponentes de la drástica medida, aduciendo que sería “un error político muy grande”. “Es cierto, necesitamos resultados, pero qué es lo que está asegurando la FTC: que no haya un crecimiento discrecional, un reclutamiento por temor o acción de que jóvenes se puedan incorporar a esos grupos armados. El comando hace que no sea un territorio liberado”, sostuvo, al tiempo de excusar la inoperancia del mismo por falta de tecnología y de helicópteros tácticamente equipados para incursiones nocturnas de las fuerzas de combate.
Con esto, tácitamente el ministro de Defensa ha reconocido lo que los analistas de asuntos militares coinciden en señalar como el factor causal de que en tan prolongado lapso la FTC no haya logrado resultados contundentes contra el núcleo de la gavilla criminal: la estrategia de utilizar a las fuerzas militares no en misiones de combate propiamente dichas –para las que han sido formadas y entrenadas–, sino para cumplir misiones privativas de la Policía Nacional, para las que los militares están deficientemente preparados, por decir lo menos.
De hecho, la FTC no actúa como fuerza de combate desplegada para perseguir y atacar a la minúscula pero peligrosa banda de forajidos en sus vivaques instalados en la periferia de los raleados bosques que existen en su zona de acción. En vez de eso, ha optado por un despliegue territorial conformado por áreas y subáreas de supuesta seguridad, en actitud de vigilancia pasiva, atenta a acudir a las llamadas de auxilio provenientes de las estancias u obrajes atacados por elementos del EPP. Obviamente, llegando siempre tarde para capturar o abatir a los
delincuentes, pero a tiempo para realizar su acostumbrado show de intervención para los medios de comunicación con aparatosos despliegues de medios luego de estar consumados los hechos.
Sin embargo, algunos sectores de nuestra sociedad creen que el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez no debiera cometer el error político de permitir que este crítico escenario de inseguridad prevaleciente en los departamentos de Concepción, San Pedro y ni qué decir de Amambay –designados por el Decreto N° 103 firmado por el presidente Horacio Cartes el 24 de agosto de 2015 como “zona de seguridad interior”, bajo la responsabilidad de la FTC–, continúe campantemente por otros cinco años.
Y esto, por dos razones concluyentes. La primera tiene que ver con la normativa legal de la creación y vigencia de la misión de la FTC: duración transitoria y por el tiempo “estrictamente necesario”. Contradictoriamente, ya dura más de cinco años y sin ningún resultado en cuanto a capturar o eliminar a los criminales agavillados del EPP y
que, a estar por lo manifestado por el ministro de Defensa Soto Estigarribia, el Gobierno del presidente Abdo Benítez está decidido a mantenerla sine die, pasando por alto el
fracaso de su misión específica.
La segunda razón, igualmente lamentable, es que el empleo con carácter permanente de las fuerzas militares en misiones de neto corte policial, para las que no están orgánicamente preparadas, está corroyendo la moral corporativa de las Fuerzas Armadas de la Nación y minando el profesionalismo de sus cuadros con indisciplina y corrupción. La enigmática muerte del capitán Enrique Piñánez y de su ayudante, el suboficial José González, en Cuero Fresco, distrito de Horqueta, en noviembre de 2014; la masacre del subteniente Félix Fernández y de siete suboficiales en Arroyito, en agosto de 2016, a manos de elementos del EPP que los emboscaron como chorlitos; el llamativo ahogamiento del teniente Javier Omar Gauto en el río Ypané, en octubre de 2018, así como el más reciente del mayor Carlos Bóveda en aguas del arroyo Kagatá, en la localidad de Kurusu de Hierro, son hechos demasiado llamativos como para pensar de
que algo raro sucede en la FTC. Chambonadas de comando y control que han causado sensibles bajas en el cuadro de las fuerzas militares que componen el comando híbrido de la FTC, juntamente con policías y agentes civiles de la Senad.
Entonces, no deja de ser una ironía que justamente un excomandante de la FTC, el general (R) Ramón Benítez
Amarilla –bajo cuyo comando ocurrieron las muertes del capitán Piñánez y del suboficial González en circunstancias hasta ahora no aclaradas–, haya sido protagonista del escándalo de corrupción recientemente destapado bajo la conducción del mismo al frente de la Detave, la dependencia aduanera encargada de reprimir el contrabando a nivel nacional. Precisamente, es ahora de conocimiento público que el fallecido capitán Piñánez había tenido un altercado con este general cuando el mismo fungía como comandante de la FTC al desestimar este una denuncia de corrupción realizada por aquel.
La precedente digresión viene a propósito de las recurrentes críticas que recibe la FTC de sectores sociales, políticos, eclesiásticos y hasta de los mesurados colonos menonitas de la zona acerca de la corrupción imperante al interior de esa fuerza. Precisamente, esa habría sido la causa de la destitución del general Ramón Benítez de su comando. Por coincidencia, en aquel tiempo también fungía como ministro de Defensa el actual titular de esa cartera, por lo que no habría sido sorpresa para el mismo la fechoría perpetrada por su exsubalterno.
Ante el dilema que plantea a la Nación la inoperancia de la FTC, el presidente Abdo Benítez tiene que optar por alguna de estas opciones: desarticularla, por no haber sido capaz de cumplir la misión para la que fue creada; o
mantenerla, en contra de su misión institucional, con las nefastas consecuencias como las más arriba señaladas. En este último caso, al menos, debe ordenar una exhaustiva investigación para desentrañar las razones de su conocida inoperancia y la sospechada corrupción que imperan en su seno. Ya no se deben destinar recursos para mantener una fuerza costosa e inepta.