Diputados se autoprotegen
El imputado diputado por el departamento de Paraguarí Tomás Rivas (ANR, cartista) presentó una acción de inconstitucionalidad en procura de evitar su desafuero y ser investigado por la Fiscalía por el caso de sus “caseros de oro”.
Rivas fue imputado en mayo del año pasado por el fiscal Luis Piñánez, al descubrirse que tenía nombrados a tres funcionarios en la Cámara de Diputados, pero que en realidad cumplían tareas privadas en su casa o negocio particular.
El entonces juez Rubén Riquelme envió el pedido de desafuero de Tomás Rivas (cartista) a la Cámara Baja, pero la defensa del parlamentario planteó una apelación y los diputados se negaron a tratar el tema hasta que no se resuelva la apelación.
Los camaristas Emiliano Rolón, Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias tardaron casi un año en resolver el incidente y finalmente rechazaron los argumentos de Rivas, quien ahora recurre a la Corte y plantea la supuesta inconstitucionalidad para tratar de anular el pedido de desafuero.
El diputado Rivas pide a la Corte que anule la resolución por la cual se aceptó la imputación en su contra y también la resolución que la confirma en la Cámara de Apelación, supuestamente porque se violentaron todos sus derechos.
Dice en una parte el escrito que el hecho de haber pedido a la Cámara de Diputados que trate la pérdida de los fueros de Rivas, le causó un agravio irreparable que no puede subsanarse de otra manera que no sea con la nulidad de la resolución objeto de la presente acción de inconstitucionalidad y del acta de imputación presentado por el agente fiscal Luis Piñánez.
De esta manera, el diputado cartista trata de anular todo el proceso en su contra alegando que se violentaron sus derechos y que no puede ser procesado, debido a su calidad de parlamentario y que la fiscalía y el juzgado, según alega, violaron la Constitución Nacional al iniciarle el proceso judicial.
Ahora la Corte debe resolver la acción planteada, que es meramente dilatoria, que busca evitar que la Cámara de Diputados le retire sus fueros y sea sometido al proceso penal.
Este caso es similar al del exdiputado José María Ibáñez (ANR, Añetete), quien mandó nombrar a sus caseros en la Cámara Baja, pero trabajaban en su casa. Acá también se descubrió que Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco eran pagados por la Cámara de Diputados pero cumplían labores en el domicilio particular y un comercio de Rivas. El año pasado, la Cámara de Diputados recibió la comunicación del desafuero del imputado Tomás Rivas (ANR, cartista), pero el legislador de Paraguarí apeló la resolución judicial. Por ese motivo, los diputados señalaron que no iban a tratar la solicitud hasta que se resuelva el incidente. Rivas recurrió a la Corte y con el mismo argumento seguirán blindando al imputado. El titular de Diputados Miguel Cuevas (ANR, Añetete), quien también está siendo investigado por supuestos hechos de corrupción, se niega a tratar y espera que sus pares le sigan salvando.