Corte no remite caso a Fiscalía General
Quiñónez debe decir si está a favor o en contra de transparencia
La Corte Suprema de Justicia tiene trabada la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para no hacer públicas las declaraciones juradas. La máxima instancia judicial debería correr traslado cuanto antes a la Fiscalía General del Estado para que esta institución otorgue su parecer.
Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, deberá definir públicamente si está a favor o en contra de la transparencia que tanto pregonó cuando quiso llegar al cargo que ocupa actualmente.
Cuando una acción de inconstitucionalidad es estudiada por la máxima instancia judicial, esta debe correr traslado también a la Fiscalía General para que este organismo brinde su parecer. Hasta el momento, la Sala Constitucional no cumplió con el traslado, por lo que Quiñónez no ha depositado aún su parecer sobre el caso.
De hecho, la máxima instancia judicial cajoneó durante meses la acción presentada por García y luego de medio año recién corrió traslado a la defensa del periodista de nuestro diario que había ganado al ente contralor en las dos primeras instancias.
Quiñónez estuvo fuertemente enfrentada con García durante los últimos meses de gestión de aquel. La fiscala general recurrió el 1 de febrero pasado a una acción de inconstitucionalidad para evitar que la Contraloría examine al Ministerio Público.
La defensa de nuestro compañero de trabajo recusó a los ministros de la Corte Suprema, salvo Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, debido a que los otros miembros de la máxima instancia están incluidos en la solicitud de acceso a la información planteada por Lezcano, pues solicitó declaraciones juradas presentadas entre 1998 y 2017.
Antonio Fretes tampoco estaba incluido en la recusación, puesto que el mismo se inhibió de entender en la causa por los mismos elementos señalados por la defensa del periodista.
Además del rechazo de la acción, Ezequiel Santagada, abogado de Lezcano, solicitó la ampliación de la sala y la intervención de amigos del Tribunal, o amicus curiae.
El letrado solicitó además algo inédito, pero que se enmarcaría dentro de la política de transparencia de la Corte Suprema. Específicamente pide que la Corte convoque a una audiencia de mérito sobre la causa, donde cada una de las partes exponga sus argumentos y los ministros puedan preguntar a las partes las cuestiones sobre las que tengan dudas.