Impuestos para sanos y enfermos
Jesús Ruiz Nestosa
SALAMANCA, España. Cuando apareció la noticia de que la Cámara de Senadores había rechazado aumentar el impuesto al tabaco, un lector comentó: “Ahora sabemos quién es el que manda en este país”. El proyecto que se había presentado proponía que el piso fuera del 30% y el techo del 40% cuando actualmente es del 18%. Tampoco se aceptó la aplicación de un arancel por cada cajetilla de cigarrillos.
Los proponentes de este aumento alegaron que con el nuevo impuesto se podría recaudar unos 800 millones de dólares al año para destinarlo al sistema de salud pública. El monto actual es de 70 millones de dólares. La diferencia es apreciable.
Desconozco las estadísticas que pueda tener el Ministerio de Salud de nuestro país. Pero sería interesante saber cuántos casos de cáncer tabacal se registran por año y cuánto le cuesta al Estado el tratamiento de cada uno de ellos. Porque el tabaco produce no solo cáncer de pulmón, sino también varios otros. Pero como es habitual, tales estadísticas no existen. O por lo menos, no se dan a conocer.
Quienes se opusieron a este impuesto alegaron, entre otras varias cosas, que si se subía el precio del cigarrillo se estaría fomentando el contrabando. Sorprendente argumento. Nuestro país figura en las estadísticas internacionales como el segundo mayor contrabandista de tabaco ¡¡¡del mundo!!! Además, se creó una oficina para luchar contra el contrabando y se puso al frente de ella a un general retirado que fue quien se encargó de organizar el contrabando, establecer los montos a pagar en concepto de coima y engrasar todos los engranajes necesarios para que el contrabando fluyera sin inconveniente alguno. Hasta el momento, que yo sepa, dicho general no ha sido sancionado ni por la ley civil ni por la ley militar, si bien está preso.
En los Estados Unidos el gobierno sancionó con miles de millones de dólares a las tabacaleras cuando se descubrió la relación directa que había entre tabaco y cáncer; relación que los fabricantes de cigarrillos conocían y la ocultaron celosamente. En España, el impuesto al tabaco es del 80%. Ello se reparte así: 0,08 euros es para el que vende el cigarrillo. 0,12 euros para el fabricante y 0,80 euros van al Estado.
En el momento de discutir el tema los senadores tendrían que haber puesto en la balanza las verdaderas opciones del caso: por un lado el cuidado de la salud pública de los ciudadanos, que son mayoría, y por el otro los intereses económicos de unos pocos, poquísimos, que son minoría, interesados en no pagar impuestos para obtener más ganancias en sus negocios. En todo el mundo se lleva adelante una lucha encarnizada en contra del consumo del tabaco. Incluso se han hecho campañas para que los productores de tabaco, los agricultores, encuentren rubros sustitutivos de modo que las sanciones económicas aplicadas a través de los impuestos no afecten su nivel económico. Porque en última instancia, ¿en qué medida este aumento del impuesto termina afectando a los agricultores, el último eslabón en la cadena del negocio?
Este debate de los impuestos al tabaco es un debate envenenado, ya que comenzó cuando era presidente de la República el mayor fabricante de cigarrillos del país. Y lógicamente, no fue aceptado. Ahora, que se replanteó el tema y volvió a rechazarse, los señores senadores perdieron una brillante oportunidad de demostrarnos que en realidad tienen alguna preocupación por nuestros intereses. Y una vez más nos ignoraron.