Las Cámaras ya no deben proteger a malandrines blindados con fueros.
La Cámara de Diputados tratará hoy el pedido de desafuero del diputado Tomás Rivas (ANR), realizado hace un año por el juez Rubén Riquelme y reiterado hace unos días por la jueza Leticia Paredes. El legislador está imputado por los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios. Durante un año, el mismo interpuso reiteradas chicanas para impedir el estudio de una cuestión indispensable para que pueda ser procesado, llegando incluso a plantear una absurda acción de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia revoque la imputación y, por tanto, la solicitud del desafuero. Es obvio que los fueros no son una patente de corso para cometer fechorías con la mayor impunidad, por lo que los legisladores tienen el deber moral de hacer lugar a lo solicitado por la Justicia. Quienes gustan llamarse “representantes del pueblo”, en muchos casos, han resultado ser más bien sus verdugos. Por eso, es saludable que vayan siendo apartadas algunas frutas podridas, para que el Palacio Legislativo recobre en algo su relevancia para la vida del país.
El 20 de mayo de 2018, el agente fiscal Luis Piñánez imputó al diputado Tomás Rivas (ANR) por los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios, así como por los de uso y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, mediante los cuales habría logrado que tres “caseros” estuvieran a su servicio particular pero a costa de la Cámara Baja, es decir, de los contribuyentes. Sus colegas tratarán recién hoy el pedido de desafuero hecho el 28 de mayo de 2018 por el juez penal Rubén Riquelme y reiterado el 20 de mayo último por la jueza penal Leticia Paredes.
Durante un año, el presunto delincuente interpuso reiteradas chicanas para impedir el estudio de una cuestión indispensable para que pueda ser procesado, llegando hasta a plantear una absurda acción de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia revoque la imputación y, por tanto, la solicitud del desafuero, que habían sido resueltos en dos instancias judiciales previas. Sin embargo, como siempre ocurre, ante la inminencia del tratamiento de su caso en la Cámara de Diputados y debido a la creciente indignación popular, Rivas se apresuró a solicitar él mismo su desafuero, y la Comisión de Asuntos Constitucionales recomendó su aprobación.
Desde luego, no es ninguna novedad que un legislador recurra a sistemáticas maniobras dilatorias para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, pero sí que ellas hayan apuntado, como en este caso, a intentar impedir de entrada el desafuero. El exsenador Víctor Bogado, así como los “parlasurianos” liberales Enzo Cardozo y
Milciades Duré, entre otros políticos sospechados, han hecho uso y abuso de su derecho a la defensa para trabar la realización de la audiencia preliminar en la que se iba a decidir la apertura del juicio oral y público. Rivas no esperó tanto para exhibir su mala fe, de modo que es muy probable que si la Cámara de Diputados lo desafuera, como cabe esperar, se dedique luego a chicanear una y otra vez para que la causa se extinga por el paso del tiempo. Importa tener siempre en cuenta que quien apela a artimañas en una cuestión penal lo hace porque se sabe
culpable. Esa inconducta, que responde a una conciencia sucia, destruye de hecho toda presunción de inocencia.
La fechoría que se le atribuye al diputado por Paraguarí es la misma que reconoció haber cometido su excolega José
María Ibáñez para acogerse al beneficio del procedimiento penal abreviado, es decir, para no terminar entre rejas. También él estimó conveniente, según la imputación fiscal, valerse del dinero público para remunerar a sus empleados particulares. Algo similar perpetró también, con relación a una niñera, el senador Víctor Bogado, condenado a un año de prisión en suspenso y expulsado ignominiosamente de la banca que degradaba.
El Senado ya está libre de su ominosa presencia, como también lo está la Cámara Baja de la de Ibáñez, quien renunció pese a no ser privado de su investidura. Nada indica que también Rivas admitirá los hechos punibles que se le imputan, para librarse así de la cárcel. Aunque la mencionada Cámara esté presidida por
Miguel Cuevas (ANR), otro presunto delincuente, investigado por el Ministerio Público porque se habría enriquecido ilícitamente, sería inconcebible que sus miembros sigan protegiendo a Rivas. Los diputados liberales
Carlos Portillo y Teófilo Espínola fueron desaforados en su oportunidad para responder por los delitos de tráfico de influencias y lesión de confianza. Que lo mismo ocurra con el colorado Rivas será una buena señal en el sentido de que la Cámara de Diputados no está dispuesta a ser el amparo y reparo de malandrines blindados por los fueros.
Lo que hoy se decida servirá para evaluar en qué medida ese cuerpo colegiado está dispuesto a contribuir al saneamiento institucional, aunque más no sea permitiendo que un diputado sea juzgado como cualquier otro ciudadano. Lo que más tarde se le permita hacer a Rivas para escapar con malas artes de una eventual condena judicial será de exclusiva responsabilidad de los agentes fiscales y de los magistrados actuantes que no tengan el valor de resistir las amenazas a su independencia. Es obvio que los fueros no son una patente de corso para cometer fechorías con la mayor impunidad, por lo que los legisladores tienen el deber moral de hacer lugar a lo solicitado por la Justicia penal si el sumario instruido lo amerita.
El grotesco diputado Portillo afirmó alguna vez que “jamás se puede comparar a un parlamentario con una persona común”, lo que no deja de ser cierto, atendiendo sus privilegios. Con todo, su colega Rivas debe responder por sus presuntos delitos como cualquier hijo de vecino,
para lo cual es imperioso que se le suspenda en sus fueros.
Quienes gustan llamarse “representantes del pueblo”, en muchos casos, han resultado ser más bien sus verdugos. Por eso, es saludable que vayan siendo apartadas algunas frutas podridas, para que el Palacio Legislativo recobre en algo su relevancia para la vida del país. Las víctimas de los sinvergüenzas que allí sientan sus reales son todos los contribuyentes, que, con toda seguridad, no pagan sus impuestos para abonar los salarios de “caseros” ni “niñeras de oro”. A esos caraduras se les debe obligar a devolver lo que robaron, al margen de las penas carcelarias que les correspondan. Los ciudadanos y las ciudadanas deben prestar suma atención a las actuaciones procesales de estos desfachatados, para que no impongan una vez más sus chicanas y reciban las penas que les corresponden conforme a Derecho.