La Caja Fiscal vs. el mérito
En medio de las discusiones a favor y en contra de la jubilación médica, el Ministerio de Hacienda lanzó unos datos escalofriantes. Si seguimos así, la Caja Fiscal quedará sin recursos en el 2027.
¡Qué bueno que lo haya dicho Hacienda y especialmente ahora que estamos a tiempo! Pero lamentablemente la mayoría de los parlamentarios y ni qué decir los sectores beneficiados no quieren entender que se trata de una cuestión financiera, no de méritos.
Nadie discute el importantísimo rol de un médico en la sociedad aquí y en Haití (en este país con más razón). Pero no se trata de eso sino de la sostenibilidad de la caja. No se debe gastar más de lo que ingresa, dice la regla de oro de la economía. Pero aquí hacemos trizas de esa premisa.
Los gremios de profesionales se enojan y hasta recurren a las agresiones, insultos, para convencernos de que ahora recién son reconocidos. Pero no es así.
Los datos oficiales, que consideramos que son creíbles a menos que Benigno López y su equipo sean unos mentirosos, dicen lo siguiente: la Caja Fiscal del sector civil registra un déficit del 18,3%. Aquí depositan su dinero cuatro sectores: administración central, docentes, magistrados y maestros universitarios.
La caja del sector no civil tiene un déficit del 8% y está compuesta por los aportes de militares y policías. En total, el déficit suma 27%. Este es rigor técnico que debemos tener en cuenta y a partir de ahí hacer los ajustes para que todos los gremios de profesionales reciban una jubilación pública digna.
En defensa de los médicos, que trabajan en el sector público, debemos decir que no se le puede obligar a seguir haciendo consultorio a la edad de 70 años o más porque no suman los números para jubilarse aún. La Medicina es una carrera muy exigente intelectualmente hablando, que obliga capacitaciones permanentes y que tiene sus riesgos en la salud inclusive porque se enfrentan a enfermos, etc. etc. No es la única profesión importante, hay también otras varias que merecen igual tratamiento jubilatorio pero siempre y cuando la Tesorería lo permita.
Al mismo tiempo, resulta injusto que un ciudadano contribuyente pague beneficios ajenos y encima por poco no le obligan que aplauda la decisión del Congreso Nacional, que finalmente le tocará el bolsillo.
Aparte de todo esto, la preocupación principal está en el populismo que se hace desde el Congreso con el dinero público. Hay poco rigor y mucho electoralismo en la toma de decisiones. Las alarmas se encendieron pero los legisladores no quisieron escuchar razones y en ambas cámaras rechazaron el veto y abrieron aún más la canilla.
Esto da pie para que mañana se acerquen otros profesionales de blanco, porqué no los periodistas, guardiacárceles, abogados, escribanos, etc. a pedir también beneficios jubilatorios. Y los legisladores le aprobarán bajo el criterio de ir sumando simpatías políticas aunque eso implique castigar a la mayoría de los contribuyentes.
Lamentablemente en el Congreso no hay una bancada que le defienda al ciudadano a diferencia de gremios que tienen sus interlocutores como los médicos y abogados. En el anterior periodo legislativo ocupaba un espacio un policía y un militar, ambos retirados, que se encargaban de canalizar las quejas de estos sectores no civiles ante el Parlamento. Siempre conseguían algún que otro beneficio.
A medida que se acerquen las elecciones municipales (las internas el 12 de julio de 2020 y las municipales el 8 de noviembre de 2020) la “generosidad” política irá en alza. Si seguimos así, ese plazo del 2027 se podrá reducir drásticamente.