Juicio oral al intendente Casas
ENCARNACIÓN (José Miguel González, de nuestra redacción regional). El juicio oral y público el intendente de Tomás Romero Pereira, Víctor Casas (PDP), se reanudó ayer en esta ciudad. Está acusado de supuesta falsificación de documentos aprobados por la Junta Municipal, daños del patrimonio del Estado y lesión de confianza.
Se trata de la cuarta audiencia del juicio que se inició el 26 de julio con declaraciones testificales de funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR).
De acuerdo con los antecedentes del caso, la denuncia de supuestas irregularidades detectadas en la construcción del palacete municipal de Tomás Romero Pereira fue presentada en el año 2012 por la concejala Luz Argüello (ANR), esposa del senador y exvicepresidente de la República, Juan Afara (Colorado Añetete). También por Hermenegildo González, locutor de la radio de la familia Afara (Kokue Poty) y quien en el año 2013 fue puesto en el cargo de intendente por la Junta Municipal tras la destitución de Casas.
El costo de la obra fue de G. 1.400 millones y según la CGR existe una diferencia aproximada de G. 116 millones.
Ese año, 2013, Víctor Casas fue expulsado de la ANR. En el 2015 fue electo nuevamente intendente, pero esta vez por el Partido Demócrata Progresista (PDP) y continúa en el cargo.
El Tribunal de Sentencia está integrado por los magistrados Martín González, Eva Silva y Julio Acuña. Los fiscales acusadores son Héctor Garay y Luis Albertini, mientras los abogados defensores del intendente Víctor Casas son José Domingo Almada y Osvaldo Bittar.
Los fiscales Garay y Albertini sostienen que poseen sólidos elementos que prueban la existencia de sobrefacturación y otras irregularidades en la construcción del Palacete Municipal con un perjuicio superior a G. 382 millones.
Incluye un presunto sobrecosto de G. 116 millones de la obra y más de G. 265 millones como daño patrimonial por la demolición del antiguo edificio comunal.
También lo acusan de transgredir la disposición de la Junta Municipal que le autorizó la “refacción y ampliación” del edificio municipal por más de G. 1.522 millones. Pero Casas ordenó derribar el antiguo edificio y construyó uno nuevo. Además adjudicó a la oferta más elevada en las tres etapas de la construcción.
El defensor de Casas, abogado Osvaldo Bittar, afirmó que “no tiene fundamento la acusación por la construcción del palacete municipal. El edificio antiguo se debía demoler porque no iba a soportar la estructura de dos plantas y no hubo daño al patrimonio del Estado”.
El letrado agregó que la Comuna no llegó a pagar toda la obra y que existe un fondo de reserva estipulado en el contrato que supera los G. 116 millones, que todavía no se utilizó y que se puede recuperar.