Corte y Ejecutivo dan duro golpe a la transparencia
El Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia dieron ayer un duro golpe al derecho de acceso a la información pública.
Luego de un largo silencio, el Ejecutivo anunció ayer que el presidente Mario Abdo Benítez está por la promulgación automática de la desvirtuada ley de acceso de la ciudadanía a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
En julio, la Cámara de Diputados sancionó frenar la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los parlamentarios y funcionarios públicos. Esto representó un claro retroceso de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública.
Con la modificación planteada por la Cámara Baja y que el Ejecutivo permitió que se promulgara, las declaraciones juradas no podrán ser publicadas ni siquiera con la autorización de los funcionarios.
La versión que el Ejecutivo permitió que se promulgara, incluye como sujetos de aplicación a todas las empresas concesionarias o contratistas con el Estado.
Voceros del Ejecutivo trataron de aminorar el impacto de la nueva ley, asegurando que no se trataba “de la muerte de la publicidad de las Declaraciones Juradas”.
Los voceros de Abdo aseguraron que en un plazo de 30 días elevarán un nuevo proyecto de ley y consensuando una mesa de trabajo con representantes de ambas cámaras del Legislativo, de la Contraloría General, de Contrataciones Públicas y del sector privado.
Aunque los voceros del presidente hablan de la presentación de un nuevo proyecto de ley, el documento que ellos mismos remitieron habla de un plazo de seis meses. Una abierta contradicción entre los papeles y la versión que dieron desde el Ejecutivo.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia decidió desestimar las recusaciones planteadas contra las ministras Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica en el caso que definirá si las declaraciones juradas de funcionarios estatales son o no públicas. De esta manera ambas deberán definir si dan a conocer o no documentos que las afectan incluso a ellas.
La recusación había sido planteada por Ezequiel Santagada, abogado del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, debido a que las declaraciones juradas de ambas ministras forman parte del paquete de documentos solicitados.
La causa lleva ya más de un año paralizada en la máxima instancia judicial y no se avisora aún resolución.