Justicia a domicilio.

La flamante “unidad granítica” del coloradismo ya empezó a mostrar sus efectos en el Poder Judicial, que tiene la clave para la impunidad de los que mandan. Desde hace largas décadas, este poder actúa sometido a los designios de los otros dos con los que conforma el Gobierno de la República, sin hacerle ascos al prevaricato si de lo que se trata es de favorecer a sus miembros o a sus allegados. Tras la asunción del actual Gobierno, hubo ciertos indicios de que, por fin, la judicatura intentaría independizarse. Las prisiones preventivas dictadas en las causas del ex poderoso senador Óscar González Daher (ANR), del diputado Ulises Quintana (ANR) y del exjefe del Indert Justo Pastor Cárdenas alentaron la esperanza de que la probidad y la firmeza al servicio de la ley irían prevaleciendo sobre la deshonestidad y la sumisión. Hoy, dicha expectativa se ha revelado ilusoria, no solo porque los procesados referidos ya están en sus casas, sino también porque otros peces gordos de la política están siendo favorecidos por medidas judiciales que aseguran su impunidad o conducen a ella.

La flamante “unidad granítica” del coloradismo ya empezó a mostrar sus efectos en el Poder Judicial, que tiene la clave para la impunidad de los que mandan. Desde hace largas décadas, este poder actúa sometido a los designios de los otros dos con los que conforma el Gobierno de la República, sin hacerle ascos al prevaricato si de lo que se trata es de favorecer a sus miembros o a sus allegados.

Tras la asunción del actual Gobierno, hubo ciertos indicios de que, por fin, la judicatura intentaría independizarse. Las prisiones preventivas dictadas en las causas abiertas al ex poderoso senador Óscar González Daher (ANR), al diputado Ulises Quintana (ANR) y al exjefe del Indert Justo Pastor Cárdenas, alentaron la esperanza de que la probidad y la firmeza al servicio de la ley irían prevaleciendo sobre la deshonestidad y la sumisión. Hoy, dicha expectativa se ha revelado ilusoria, no solo porque los procesados referidos ya están en sus casas, sino también porque otros peces gordos de la política están siendo favorecidos por medidas judiciales que aseguran su impunidad o conducen a ella.

Entre estos últimos puede mencionarse al senador Javier Zacarías Irún (ANR), beneficiado por un Tribunal de Apelación de Ciudad del Este, integrado por Isidro González, Miryan Meza de López y Stella Maris Zárate, que confirmó el fallo por el que el juez Marino Méndez rechazó el pedido fiscal de reabrir la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe del nefasto clan. Y lo hizo por el mismo aberrante motivo que el inferior, es decir, porque la causa habría prescrito en 2017, diez años después de que el hoy senador haya ocupado un cargo público, pese a que siguió ejerciéndolo como asesor “ad honorem” de la Municipalidad local, accediendo así a información privilegiada. En realidad, las resoluciones citadas ya eran previsibles desde que la Corte Suprema de Justicia confirmó una del Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Capital, que había dispuesto remitir los antecedentes a la circunscripción judicial del Alto Paraná, es decir, al territorio en el que los Zacarías Irún habían imperado durante casi veinte años, creando una amplia red de connivencias, en la que una mano lavaba la otra. En una palabra, el senador recibió la impunidad a domicilio, rodeado de sus amigos de la magistratura. El juez Méndez fue suspendido en el cargo por haber dado un trámite irregular a un amparo promovido por la exintendenta Sandra McLeod, en tanto que los camaristas antes mencionados siguen sin resolver una chicana planteada en marzo último por el legislador para evitar que se haga efectiva su prisión preventiva por obstruir la pesquisa de un delito de lesión de confianza.

Otro que jugará de local es el diputado Miguel Cuevas (ANR), imputado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración jurada falsa de bienes y rentas. En efecto, el juez Tadeo Fernández hizo lugar a una excepción de falta de jurisdicción, de modo que el proceso estará a cargo de un juez penal de Garantías de la circunscripción judicial de Paraguarí. Debe recordarse que el encausado, sobre quien pesa un pedido de prisión aún no resuelto debido a sus chicanas, fue primero intendente de Sapucai y después gobernador de Paraguarí, antes de representar a este departamento en la Cámara Baja. Como los Zacarías Irún, el humilde zapatero devenido multimillonario en la función pública, habrá establecido vínculos muy estrechos no solo con la judicatura departamental, sino también con el Ministerio Público. Más de un juez o agente fiscal le deberá algún favor directo o indirecto, que naturalmente deberá ser retribuido cuando el benefactor lo pida. Si a ello se agrega que goza del pleno respaldo del Presidente de la República, gracias a su oportuna deserción del cartismo antes de las últimas elecciones internas, sería comprensible que ahora se muestre más confiado que nunca en que sus presuntas fechorías no serán castigadas.

El hecho de que los casos referidos sean resueltos allí donde el cartista Zacarías Irún y el abdista Cuevas tienen una notoria influencia, como resultado de largos años de ejercicio del poder político, les otorga, desde ya, una considerable ventaja, la que aumenta si se considera el marco ofrecido por el contubernio forjado contra el juicio político. Esta última circunstancia también le viene de perillas al exsenador Víctor Bogado (ANR), que está volviendo a chicanear con todo descaro, como lo había hecho durante más de cinco años, en la causa abierta por los delitos de estafa y de complicidad en el de cobro indebido de honorarios. Ahora busca la prescripción de este último hecho punible, por el que había sido condenado a solo un año de prisión, con suspensión de la pena. Apeló el fallo y el mismo día en que el Tribunal de Apelación iba a confirmar o no su condena, recusó a dos de sus miembros. La chicana debía ser resuelta por la Sala Penal de la Corte, pero el litigante de mala fe recusó al ministro Manuel Ramírez Candia, de modo que ella deberá ser conformada de nuevo. La causa prescribirá el próximo 25 de octubre, en cuyo caso este caradura podrá sostener su inocencia, por no existir ninguna sentencia firme. Nunca fue sancionado por su reiterado ejercicio abusivo del derecho a la defensa y está por salirse de nuevo con la suya.

En suma, los peces gordos de la política tienen buenos motivos para suponer que las cosas no han cambiado tanto en el último año como para que deban temer pagar por sus fechorías. La Justicia se está poniendo de nuevo al completo servicio de los que mandan, sobre todo luego del siniestro pacto político conformado hace poco por las principales facciones del Partido Colorado. Los ciudadanos y las ciudadanas deben darse cuenta del aciago panorama que se cierne de nuevo sobre nuestro país, por lo que deben manifestarse públicamente con firmeza y perseverancia contra quienes manipulan a la Justicia para consolidar su poder y su fortuna.