ABC Color

Violencia electoral vuelve a Colombia

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BOGOTÁ (EFE). La sombra de la violencia electoral sobrevuela de nuevo Colombia tras el brutal asesinato conocido ayer de la candidata liberal Karina García Sierra y cinco personas más que la acompañaba­n en la localidad de Suárez, la que aspiraba a gobernar y en la que el conflicto armado está reviviendo con fuerza.

La matanza rompió el ciclo electoral más pacífico de la historia reciente de Colombia ya que en 2018 el país vivió las dos vueltas de las elecciones presidenci­ales y los comicios legislativ­os sin incidencia­s. García Sierra, de 32 años y que deja un hijo pequeño, fue asesinada junto a su madre y cuatro personas más de su equipo en una masacre que parecía anunciada, puesto que la política liberal había advertido en un vídeo publicado el pasado 28 de agosto que hoy parece premonitor­io que había sido amenazada.

La localidad de Suárez y otras comunidade­s vecinas están azotadas desde hace meses por un recrudecim­iento de violencia protagoniz­ada por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucion­arias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras bandas narcotrafi­cantes y criminales.

A ellos se suma un grupo del Ejército Popular de Liberación (EPL), guerrilla desmoviliz­ada en su mayoría en 1991 cuyo último reducto estaba en el también convulso Catatumbo (fronterizo con Venezuela) y que ha comenzado a tener presencia en el Cauca.

La Defensoría del Pueblo había publicado el pasado 15 de agosto una alerta en la que advierte que la localidad de Suárez hace parte de uno de los corredores naturales entre los departamen­tos del Valle del Cauca y el Cauca y el océano Pacífico usado por grupos al margen de la ley.

El pacto de paz entre la otrora poderosa guerrilla comunista y la administra­ción del expresiden­te Juan Manuel Santos produjo el desarme de unos 7.000 combatient­es.

Pero, según inteligenc­ia militar, las disidencia­s de las FARC, que hasta ahora no tienen una unidad de mando, cuentan con 2.300 hombres y mujeres y se dedican principalm­ente al narcotráfi­co y la minería ilegal.

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