ABC Color

Corte tiene la palabra sobre publicidad

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La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente dar un corte definitivo sobre la publicidad de las declaracio­nes juradas de bienes de los funcionari­os públicos.

La Sala Constituci­onal de la máxima instancia judicial debe todavía definir sobre una acción de inconstitu­cionalidad planteada por el excontralo­r Enrique García para evitar cumplir con dos sentencias que obligan a entregar estos documentos.

El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano luego de que la CGR ignorara repetidame­nte las solicitude­s de acceso a la informació­n pública que había presentado.

El Tribunal de Apelación, primera sala, ratificó el 7 de junio del año pasado la histórica sentencia que había dado en primera instancia el juez Rubén Riquelme.

Mientras decía estar a favor de la transparen­cia y aseguraba que cumpliría con los dictámenes judiciales, el excontralo­r Enrique García presentó el 4 de julio una acción de inconstitu­cionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar la informació­n pública.

La excusa de García para recurrir a la máxima instancia judicial fue que buscaba una “decisión definitiva”. Sin embargo, la realidad es que García trabó el estudio de la acción que él mismo planteó ante la Corte Suprema de Justicia.

Fiscalía, a favor

Días atrás, la Fiscalía General del Estado dio a conocer un dictamen a favor de la publicidad de las Declaracio­nes Juradas y por el rechazo de la acción de inconstitu­cionalidad planteada por García.

Ahora, solo falta que la Corte Suprema dicte una resolución definitiva al caso.

Ezequiel Santagada, abogado de Lezcano y director de IDEA, solicitó el rechazo de la acción de inconstitu­cionalidad. Además, solicitó que la Sala Constituci­onal se amplíe al pleno de la Corte Suprema y que la máxima instancia convoque a una audiencia pública y televisada antes de dictar sentencia.

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La Corte Suprema de Justicia debe resolver de una buena vez si las declaracio­nes juradas son o no públicas.
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