EDITORIAL

Delitos sin delincuentes en el

proyecto metrobús. El exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona afirmó orondamente en los últimos días que el metrobús es un proyecto viable y que esa fue la sugerencia que él dejó. De que es un proyecto viable y necesario, nadie duda. La cuestión radica en que, desde un primer momento, se visualizó que en la forma chapucera e irresponsable en que se lo encaró, era una iniciativa destinada al fracaso. Pese a advertencias en tal sentido, el Gobierno de Horacio Cartes la llevó adelante a tambor batiente. Ahora, inclusive, Jiménez Gaona reconoce que no debió dar la orden de inicio de los trabajos porque en el trayecto existían franjas de dominio no liberadas. En suma, el exministro reconoció su propia negligencia, lo que podría configurar un delito de lesión de confianza. Existen otros varios responsables de este proyecto que el ministro Arnoldo Wiens quiere llevar adelante pese a su promesa de que del metrobús “ni el nombre va a quedar”. Lo que está ocurriendo hace pensar que probablemente estemos ante una nueva gigantesca estafa al pueblo paraguayo.

El exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona

afirmó orondamente en los últimos días que el metrobús es un proyecto viable y que esa fue la sugerencia que él dejó. De que es un proyecto viable y necesario, nadie duda. La cuestión radica en que, desde un primer momento, se visualizó que en la forma chapucera e irresponsable en que se lo encaró, era una iniciativa destinada al fracaso. Así lo advirtieron los órganos de prensa como también calificados técnicos, pero el Gobierno de Horacio Cartes la llevó adelante a tambor batiente. Y lo que queda en evidencia es su gran responsabilidad en el fracaso del proyecto pues, como ahora lo reconoce Jiménez Gaona, no debió dar la orden de inicio de los trabajos porque en el trayecto existían franjas de dominio no liberadas. En suma, el exministro reconoció su propia negligencia, lo que podría configurar un delito de lesión de confianza, y si así fuera, debe hacerse cargo con sus bienes de los daños causados a las arcas públicas.

En cuanto al actual Gobierno, recién hace algunos días, tras casi un año de la intervención dispuesta por el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, para investigar el fallido proyecto, la citada cartera dio a conocer los resultados de la auditoría practicada a tal efecto. Las conclusiones a que arribó el interventor, el economista Sixto Morínigo, no son sino la reconfirmación de las desprolijidades denunciadas por la gente y la prensa desde un principio; en particular, por aquellas personas que tuvieron la mala suerte de soportar sus secuelas, directa o indirectamente, como los centenares de frentistas que sufrieron pérdidas incalculables e incomodidades, y los miles de usuarios del transporte público

que padecieron penurias durante la construcción del tramo que quedó en agua de borrajas.

El informe de auditoría tiene pocas precisiones puntuales, extendiéndose más bien en generalidades irrelevantes, esquivando tocar aristas sensibles del desastroso proyecto. Por ejemplo, no cuantificó los daños patrimoniales causados al Estado por causa de la mala gestión de los funcionarios responsables de la administración de la obra. Tampoco resaltó las irregularidades en las que, por su parte, incurrió la empresa contratista, desestimando a priori los informes brindados por el consorcio fiscalizador del proyecto, Typsa-Incosa-Ingenec. Típicamente, el interventor Morínigo se limitó a certificar la comisión de delitos de acción penal pública, pero cuidándose de identificar a los responsables de cada etapa de las obras. Con esto, su informe apunta más a un afán de encubrimiento cómplice que al esclarecimiento de los hechos que condujeron al estrepitoso fracaso del proyecto. Así, nuevamente, como en la época de la dictadura stronista, habría delitos pero no delincuentes.

En tal sentido, no deja de llamar la atención que el ministro Wiens haya remitido el mencionado informe a la Secretaría Anticorrupción, a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General y al Congreso, pero no así al Ministerio Público, a los efectos de la investigación penal correspondiente. De hecho, el nefasto pacto de impunidad abdocartista, precipitada y aparatosamente rubricado para bloquear el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez por la suscripción de la cuestionada Acta Bilateral con Brasil sobre Itaipú, también viene como anillo al dedo para blanquear al exministro Jiménez Gaona, al exviceministro Juan Manuel Cano Fleitas, a la exviceministra de Administración y Finanzas Marta Benítez, al exgerente del proyecto metrobús Guillermo Alcaraz y al excoordinador del mismo, José Tomás Rivarola, entre los responsables mejor conocidos por la ciudadanía.

Mientras el tendal de irregularidades en que están incursos los altos funcionarios del MOPC –con la complicidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– va rumbo al oparei, en cambio, por diferente andarivel corre otra llamativa gestión del ministro Wiens –con tufo a colusión con la excontratista del fallido proyecto, Mota Engil–, consistente en pagar a esta los US$ 18 millones que reclama, mediante una coartada burocrática que disimule su responsabilidad personal. A tal efecto, luego de más de un año de indefinición al respecto, el ministro, quien dispone en su cartera de más abogados y economistas que ingenieros y arquitectos, ha lanzado la absurda noticia de que para el cierre definitivo del rescindido contrato con la constructora portuguesa, el MOPC va a contratar una consultora extranjera, “especializada en brindar apoyo técnico-jurídico”. La experiencia indica que, generalmente, estas empresas consultoras especializadas en controversias contractuales salen a favor de las empresas que demandan al Estado antes que a favor de este. Por lo que no debe sorprender a Juan Pueblo que tras gastar unos millones de dólares en dicha consultoría especializada, finalmente el MOPC termine pagando los US$ 18 millones que Motta Engil reclama, o incluso más. Y sin reclamársele lo que ella adeuda por incumplir cláusulas del contrato, según informe del consorcio fiscalizador presentado en su oportunidad al Ministerio.

Como si no fuera suficiente el despilfarro de cientos de millones de dólares destinados al Proyecto de Reconversión Urbana y el Metrobús, al parecer el ministro Wiens está empeñado en gastar, a como dé lugar, los US$ 70 millones que aún restan del crédito. Al menos a eso apuntaría su decisión de construir el tramo 1 del controvertido proyecto original mediante la implementación de un “par binario” de vías, desde el Mercado 4 hasta la plazoleta del antiguo puerto de Asunción, donde se están construyendo los edificios para oficinas de varios ministerios, proyecto que también apunta a ser otro elefante blanco. Vale decir, que faltando a la promesa que había hecho de que del metrobús “ni el nombre va a quedar”, ahora se empecina en construir aunque sea un segmento del mismo, con la modalidad de “metrobús abierto”.

Lo más probable que ocurra es una nueva gigantesca estafa al pueblo paraguayo. Será una desilusión más que este Gobierno agregue a las que va acumulando, en apenas un año de gestión.