Denuncian atentado contra multimillonario proyecto
Ayer varios cables aislados que alimentan a las dragas en la Isla San Francisco amanecieron quemados. Este hecho y la invasión de propiedad privada ya fueron denunciados. Esperan que la fiscalía actúe sobre el tema.
El corte de energía en la Isla San Francisco, donde se vienen desarrollando los trabajos de refulado, habría ocurrido a las 3:30 AM del domingo. De acuerdo a los datos proveídos, los cables aislados de media tensión –que alimentan de energía a las dragas– habrían sido quemados con leñas.
En total, fueron afectados tres cables de 50 mm de 23.000 voltios, cuya reparación representa más de G. 31 millones. “La conexión de energía fue aprobada por la ANDE cumpliendo con todas las especificaciones técnicas”, remarcó el abogado Luis Ayala, representante legal de Vista Alegre, firma propietaria de la isla.
Por este daño en particular Ayala explicó que la denuncia ya fue radicada ayer en la comisaría N° 26 de Remanso y que se harán las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso. Además, indicó que la denuncia por invasión a la propiedad privada ya está en la unidad del fiscal Luis Chamorro, de Limpio, y que pedirán resguardo policial en la isla.
Concejal impidió reparación
Ayer técnicos de la firma Signature, que tiene a cargo el refulado, se acercaron hasta el lugar para la reparación de los cables. Sin embargo, no lograron avanzar porque un concejal de Mariano Roque Alonso, Félix Arrúa (PLRA), les habría “prohibido” y “amenazado” con enviar “una turba”.
Consultado sobre el tema, el concejal confirmó su presencia en el sitio y dijo que solo quería “saber si tenían o no permiso de la ANDE para hacer la reparación”. Alegó que lo que hubo en la zona fue “la explosión de un transformador” y no una quema de cables premeditada, como se denuncia.
Arrúa es hijo del exconcejal departamental y secretario general del Sindicato de Pescadores, Camilo Arrúa. Este último tiene antecedentes de cobro indebido de subsidio en la veda pesquera y dirige la ocupación en el predio de la isla. Todo este incidente se da en medio de un pedido de indemnización de más de US$ 8 millones de un grupo de pescadores que dicen ser supuestamente afectados por el refulado.