ONU confirma asesinato de disidentes en Nicaragua
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció el asesinato de opositores y críticos con el Gobierno del nicaragüense Daniel Ortega. Además, corroboró la severa restricción de la libertad de expresión y de asociación.
GINEBRA (EFE). El país atraviesa una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia, por la represión ejercida contra los manifestantes.
La violencia dejó más de 325 muertos y 2.000 heridos, 62.500 exiliados, cientos de opositores encarcelados y recesión económica.
Según la oficina de derechos humanos, que cuenta con “información corroborada”, se produjeron homicidios e intentos de homicidio entre junio y julio pasados contra personas que se habían manifestado contra el Gobierno de Ortega.
Los hechos se produjeron en el departamento de Jinotega (fronterizo con Honduras) y “en al menos tres casos –dos de ellos en el municipio (hondureño) de Trojes– se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018”, detalló.
Sobre los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al Gobierno nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes.
Con respecto a la versión escrita del informe, la alta comisionada agregó que mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, hay más de 100 que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año.
Como puntos destacados de su informe, Bachelet dijo que el espacio cívico se redujo considerablemente a raíz de la crisis política y que esta situación se fue agravando, lo que se evidencia en la severa restricción de la liberad de expresión y de asociación.
Tampoco ha parado el acoso a los activistas y líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que tuvieron posiciones críticas hacia el gobierno de Ortega, quien envió a Ginebra a su ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, para responder a estas denuncias.
El alto funcionario empezó la defensa de su gobierno reclamando que no se mire atrás “sino la realidad actual” que, según él, es muy diferente y en la que se respetan todos los derechos fundamentales.
Jaentschke sostuvo que la recogida de datos para el informe se realizó con “criterios parcializados” y que se omiten expresamente “actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado” de los que responsabilizó a los participantes en las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció “crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”.
Un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua está en marcha actualmente en la Organización de los Estados Americanos (OEA), por rompimiento del orden institucional. De ejecutarse, el país centroamericano sería suspendido del organismo continental.
El 19 de julio de 1979 Daniel Ortega era un héroe al frente de la insurrección que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza, pero cuatro décadas después gobierna Nicaragua junto a su esposa, Rosario Murillo, aferrado al poder, mientras miles reclaman su salida.