Sostienen que acta bilateral sí es una traición a la Patria
Hay elementos claros y contundentes para concluir que el acta bilateral suscrita por el anterior embajador de Paraguay en Brasil, Hugo Saguier Caballero, a nombre del Gobierno paraguayo, es una “traición a la Patria”, aseveró el ingeniero Ricardo Canese, especialista del sector eléctrico.
Ricardo Canese dijo que el acta bilateral contenía la presentación del cronograma de contratación de potencia, la modificación de las reglas de contratación de potencias; la fijación del principio que la energía adicional a la garantizada se debía repartir según la tesis brasileña, y finalmente la fijación de la misma tesis brasileña en relación a la energía contenida en el embalse de la represa.
Afirmó que si bien la presentación del cronograma de contratación de potencia es una obligación del Tratado, en esta ocasión se limitó la soberanía paraguaya al aceptarse restricciones a nuestro consumo eléctrico, que ningún gobierno, por entreguista que haya sido, se atrevió a aceptar esas condiciones.
“Abdo Benítez, a través del acta presenta el cronograma hasta el 2022 no más, solo porque en 2023 hay que revisar el Anexo C. En tal sentido, ha sentado un pésimo precedente de colocarnos límites a nuestro consumo eléctrico”, insistió.
Agregó que también altera las normas esenciales, como la Nota Reversal Nº 5, del 26 de abril de 1973, que fijaba un margen de tolerancia del 10%, mientras que el acta lo reduce al 6%. Recordó que por Nota Reversal Nº 5, del 28 de enero de 1986, se fijó 350 MW como margen mínimo de tolerancia. Sin embargo, según el acta secreta, ese margen quedó en 115
MW, para 1.924 MW que debían ser contratados en el 2022. “¿Qué hubiera pasado si Paraguay necesitara los 235 MW más que le iban a sacar en 2022? Si faltaran esos 235 MW, equivalentes a unos 2.000.000 de MWh/ año, por la llegada de inversiones, la ANDE tendría que comprarlos en el mercado libre del Brasil a un costo promedio de US$ 100 el MWh, o más”, expresó.
Pérdidas y más pérdidas
Acotó que Paraguay se arriesgaba a perder, para una tarifa promedio de energía de Itaipú de US$ 30 MWh, alrededor de US$ 140 millones en 2022. “Ello, si existiera energía disponible en Brasil. Si no hubiere, como ocurrió en 2001/02, el costo se calcula por sobre US$ 1.000 el MWh (porque son fábricas, hospitales y escuelas que se paralizan), y así Abdo Benítez, al reducir el margen de tolerancia del cronograma –violando el Tratado– se arriesgaba a que el país perdiera
2.000.000 MWh/año, que por US$ 1.000 MWh, da como resultado US$ 2.000 millones”, resaltó.
Más energía cara
Según Canese, la polémica acta tenía también “intención declarada” de que Paraguay adquiera más energía garantizada (a US$ 43,8 MWh) y menos energía adicional a la garantizada (a US$ 5,8 MWh). “Según la tesis brasileña, esta última energía barata no nos corresponde en 50%, en abierta violación del artículo XIII del Tratado. Los técnicos de ANDE calcularon que estas pérdidas estaban entre US$ 200 y US$ 300 millones, y es probable que se hayan quedado cortos”, expresó.
Añadió que el acta también le entregaba al Brasil entre 84% y 89% (del 2019 al 2022) la “valiosísima” energía del embalse, que nos pertenece en 50%, como establecen los artículos I y XIII del Tratado, sin pagarnos absolutamente nada.