Bogado busca la impunidad
La “niñera de oro” del exsenador Víctor Bogado (ANR, cartista), Gabriela Quintana Venialgo, recusó a los magistrados en una abierta intención de hacer prescribir el delito por el cual fueron condenados ambos.
La defensa de Gabriela Quintana presentó en la mañana de ayer una recusación contra los camaristas Pedro Mayor Martínez y Cristóbal Sánchez, alegando parcialidad y falta de independencia de ambos.
De esta manera, la Cámara de Apelación, tercera sala, no puede expedirse sobre la apelación que se planteó sobre la decisión de un tribunal de sentencia que condenó a un año de cárcel con suspensión de la ejecución al exsenador Bogado y a su “niñera de oro” Quintana, por el hecho de cobro indebido de honorarios.
El mes pasado Bogado recusó a los camaristas Pedro Mayor Martínez y Mirtha González, y cuando el expediente fue a la Sala Penal también recusó al ministro Manuel Ramírez Candia, para trabar el caso. Un mes le tomó a la Corte resolver los incidentes meramente dilatorios y el jueves pasado se rechazaron todas las recusaciones. En consecuencia, se confirmó a la Cámara.
Ayer Quintana recusó otra vez a Mayor Martínez y Sánchez, con la sola intención de que el fallo no se firme.
La estrategia de los dos condenados es que la sentencia que le impusieron no quede firme, ya que el delito prescribe el 24 de octubre y de no haber sentencia firme ambos quedarán impunes de sus delitos.
Desde hace más de seis años Víctor Bogado y su “niñera” Gabriela Quintana vienen chicaneando este proceso y una justicia complaciente les había dado vía libre para que lo hagan. Nunca se sancionó a los dos litigantes de mala, pese a que la Corte Suprema de Justicia por la Acordada Nº 961/15 faculta a los jueces a sancionar a los abogados y procesados que cometan abuso del derecho. Específicamente los condenados vienen realizando todo tipo de abusos y hasta el momento no se les aplicó sanción alguna y
por esa razón el delito por el que fueron condenados está a punto de prescribir.
En otros casos que no afecten a políticos o personas influyentes, los jueces de primera y segunda instancia son implacables para sancionarlos.