Piden a la Contraloría investigar a Copaco
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel) solicitó ayer al contralor general de la República, Camilo Benítez, que investigue el contrato otorgado por la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) a la empresa Bullers SA, una de las tantas del político Óscar Chamorro Lafarja.
En una nota presentada ayer por la mañana a la Contraloría, Sinattel explica que el contrato de Bullers con Copaco es para la provisión e instalación de elementos pasivos para la red primaria y secundaria de distribución de red óptica en varias centrales de la compañía. Argumenta que el pedido de intervención del ente de control es para “precautelar los intereses de la Compañía”.
Firmaron la nota Carmen Irala, secretaria general del sindicato, y Luis Ríos, secretario de actas.
Hasta la fecha Bullers registra 11 semanas de retraso en el contrato N° 81, según informe presentado previamente a Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La multa establecida es del 0,25% por cada semana de mora. Al llegar a las 40 semanas y al 10% de multa, se le tiene que rescindir el contrato, según Seitz.
Fuentes técnicas de Copaco señalan que en realidad, ya debe haber una rescisión contractual, pues Bullers no instaló ni un metro del cable Gpon en ninguna de las diez centrales telefónicas establecidas en el contrato N° 81, rubricado el 5 de diciembre de 2018. En los primeros tres meses debió entregar tres centrales equipadas y a los siete meses cinco, pero no ha cumplido.
Informes señalan que Bullers tiene embargos judiciales que fueron remitidos a Copaco. Así como está la situación, los técnicos de la estatal creen que no podrá cumplir cabalmente con su compromiso. Copaco le transfirió a Bullers el 7 de enero pasado G. 3.500 millones, como adelanto de un total de G. 17.749 millones.
Por estos incumplimientos, Contrataciones Públicas remitió a Copaco el miércoles último pedido de datos de la ejecución del contrato 81. Le dio dos días hábiles para que responda y analizar qué medidas tomar. En agosto último la misma institución abrió investigación preliminar sobre un contrato de la empresa de telefonía con CG TEC SA, de Chamorro Lafarja, de G. 4.399 millones para instalar puertos Gpon en diez centrales. El caso fue archivado. Tomó como ciertos informes enviados por la empresa y por Copaco, pero no hizo un cruce de datos con otros entes.