Eliminan protocol que paralizaba los desalojos
HAY MÁS DE 800 PROPIEDADES INVADIDAS EN EL PAÍS
Corte, Fiscalía y Ministerio del Interior dejaron sin efecto “Plan de acción” para casos de invasiones
Es documento de época de Lugo que establecía “tres fases” antes de cumplir orden de despeje
En la práctica alargaba por años los procesos y terminaba agravando los conflictos y los perjuicios
Se consideró que la ley no puede subordinarse a un protocolo y debe aplicarse sin dilaciones
La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior dejaron ayer sin efecto un protocolo firmado durante la presidencia de Fernando Lugo, que dilataba el desalojo de propiedades. Ahora, en caso de invasión de inmueble, la orden de desalojo debe ser cumplida inmediatamente.
El documento en cuestión, compuesto de un “Plan de acción conjunta para casos de invasión de inmueble ajeno”, firmado el 28 de marzo del 2012 y un anexo firmado el 20 de marzo del 2017, establecían tres fases a ser cumplidas previamente a la ejecución de una orden de desalojo, situación que terminaba por retardar innecesariamente por días y hasta años el cometido judicial.
“El protocolo lo que hizo es establecer fases antes de que se aplique la ley, entonces no existe un fundamento real para subordinar la aplicación de la ley a un protocolo, entendemos que fue una manifestación política del Estado en su momento por una determinada coyuntura. Hoy el Estado está en la obligación de hacer respetar sus instituciones y de hacer valer las normas de la Constitución y las normas de fondo”, explicó el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.
Acción inmediata
“En consecuencia dejamos de lado un documento que sometía a una segunda etapa la aplicación de la ley y priorizaba una serie de fases, que ahora desaparecen y la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial deben actuar en forma inmediata frente a la violación de la norma”, acotó Villamayor.
La decisión fue adoptada tras una reunión interinstitucional realizada en la mañana de ayer en la Corte Suprema de Justicia, donde representantes de la sociedad civil hicieron saber su preocupación ante la falta de respeto a la propiedad privada.
Participaron en el encuentro además de los ministros de la máxima instancia judicial y Villamayor, la fiscala general, Sandra Quiñónez; el viceministro de Seguridad Interna, Hugo Sosa Pasmor; el presidente y el vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti y Manuel Riera; el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo; Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP); y Alfred Fast, del sector cooperativo.