Los imputados e investigados
Varios son los diputados que enfrentan procesos por sospechas de manejo irregular o doloso del dinero público, de cuando ocupaban otros cargos antes de ser parlamentarios. Algunos se encuentran imputados y otros investigados.
En las filas del oficialismo colorado figura el diputado Esteban Samaniego (ANR, Añetete), quien está investigado por un presunto faltante de G. 10.000 millones de cuando administraba la intendencia de Quyquyhó (Paraguarí). Se detectó el pago por obras y equipos informáticos inexistentes. A su prontuario se suma una denuncia por violencia en contra de un senador opositor.
El diputado, pese a su antecedente de irregularidad en Quyquyhó, preside la comisión de intervención municipal de la ciudad de Independencia, contra cuyo intendente, Francisco Arnaldo Chávez, hay un pedido de auditoría hecho por la Junta Municipal. El jefe municipal es del equipo oficialista.
También el diputado Miguel Cuevas (ANR, Añetete) busca su blanqueamiento. Él logró llevar su causa a Paraguarí en busca de ser favorecido por jueces amigos. Está imputado por supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa de cuando era gobernador de Paraguarí.
La investigación a la diputada Marlene Ocampos (ANR, Añetete) está pendiente, ya que la Contraloría, en un informe preliminar detectó un faltante de G. 1.800 millones, pues no hay documentos que respalden en qué fueron usados, durante su gestión como gobernadora de Alto Paraguay.
Está siendo investigado además, por el delito de supuesto enriquecimiento ilícito, el diputado Justo Zacarías Irún (ANR, cartista), en la misma causa donde igualmente están siendo objeto de pesquisas su esposa, Rocío Abed de Zacarías, su hermano, el senador Javier Zacarías Irún, y su cuñada, la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías. Todos cartistas.
El diputado Avelino Dávalos (ANR) también es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de G. 192.187.375.600, entre los años 2014 y 2018, cuando era gobernador de Caazapá.
La denuncia penal fue presentada por Antonia López de Vázquez, en representación de la Junta Departamental de Caazapá, y tiene como base una auditoría de gestión administrativa y técnica de la gobernación, además de un informe de la Contraloría General.
Según la auditoría, durante la administración de Dávalos no se pudo justificar en qué usó G. 169.144.131.619, supuestamente destinados a “fines ajenos” a la competencia de la gobernación, entre otras irregularidades.
Otro que está imputado es el diputado Teófilo Espínola (PLRA, efrainista), por supuestas tragadas de dinero perpetradas en el Ministerio de la Defensa Pública, donde se desempeñaba. Le endilgan el delito de lesión de confianza, y en el mismo caso están procesados la ex defensora pública Noyme Yore Ismael, Germán Fatecha, y 13 personas más.
Hace unas semanas la Cámara de Diputados salvó de la destitución a 3 intendentes colorados, excepto al de San Carlos del Apa (Concepción), Higinio Fernández (ANR, Añetete). De una intervención municipal dicha cámara salvó a seis intendentes colorados y a dos intendentes liberales llanistas.