Zapatero, a tus zapatos
En la colonia Jorge Sebastián Miranda, ex Hugua Ñandu, poca gente olvida lo que ocurrió entre la noche del sábado 8 y la madrugada del domingo 9 de mayo del 2010. Se festejaba el quinceaños de la hija de un suboficial y una docente cuando en la modesta fiesta irrumpieron militares fuertemente armados mientras otro comando tomaba la subcomisaría 27 y desarmaba a los policías. Cuentan los asistentes que les hicieron cuerpo a tierra mientras se oía cómo metían plomo a varios vehículos que estaban dentro de la subcomisaría. Un informante convenció a los militares que en ese cumpleaños estaría Magna Meza, y que los policías la encubrían. El informante que logró convencer a la inteligencia militar era un exlogístico del EPP que mucho se habrá reído luego de provocar el enfrentamiento. En Hugua Ñandú nadie olvida ese 15 años con sabor a vals, torta, cuerpo a tierra y terror. Este serio episodio no fue el primero, ni el último. Ni el único. Entonces, ¿en serio queremos sacar a la calle militares con atribuciones policiales? La pregunta no tiene que ver con el hecho de que unos sean mejores o peores que otros sino con la duplicación de atribuciones y las áreas donde “la autoridá” se disputará el poder. Si a esto le sumamos una ciudadanía ignorante de sus derechos, sumisa ante el poder, incapaz de defender su vida y sus bienes, el panorama es oscuro. Y si a todo lo anterior le agregamos una justicia que es poderosa con los débiles, y débil con los poderosos, estamos en el horno. Estamos a punto de ingresar a una de las más oscuras noches de nuestra frágil democracia. Una noche que podría no acabar nunca. Los militares ya tienen bastante con el trabajo que la Constitución les ha asignado. Y ya tienen también muchas deudas incumplidas vinculadas con esos deberes constitucionales. Las FF.AA. son custodios de nuestra integridad territorial y deben defender autoridades legítimamente constituidas (art. 173 de la Constitución). Si cumplieran con excelencia con la primera disposición, tendríamos la mitad de los problemas del país solucionado. Todos sabemos que las aguas que nos dividen de nuestros vecinos –a cargo de la vigilancia militar– son las fronteras más permeables a la corrupción y la violencia. Por aquí pasa el contrabando de tomates pero también de armamentos y drogas; las Prefecturas Navales han funcionado con harta frecuencia como patios traseros de contrabandistas y hasta como ayudantes y estibadores de tráfico de combustible y de cigarrillo. Todos también sabemos que la integridad aérea está seriamente comprometida con narcoavionetas, y gran parte de su custodia corresponde también a militares. Los destacamentos ubicados en la frontera seca tampoco han contribuido a combatir crímenes. Con mucha razón el lector puede preguntarnos, ¿acaso la Policía Nacional ha cumplido con su mandato constitucional? ¿Han preservado el orden público, los derechos, la seguridad de las personas y de sus bienes? ¿Se han ocupado de la prevención e investigación de delitos? NO. Claro que no, igual que los militares, están llenos de deudas impagas con la sociedad a la que debieran proteger y cuidar. Entonces, si unos y otros tienen serias deudas con el pueblo paraguayo, si unos y otros han demostrado serias falencias, corrupción, negligencia y mediocridad, si juntamos una policía a medias con unos militares a medias, ¿vamos a tener un cuerpo de seguridad entero… o vamos a duplicar nuestras tragedias? Muchos ciudadanos sobrepasados por la inseguridad ceden a la tentación de imaginar que llenarnos de uniformes y de balas solucionará los problemas. Se olvidan de reflexionar que si esos uniformes hubieran hecho aquello que debían hace ya mucho tiempo, no estaríamos así. El gobierno actual ya carga con graves errores. Ojalá no sume el ser recordado como el que abrió las puertas al mismísimo infierno porque, quienes hoy los alientan a hacer una enmienda, serán los primeros en crucificarlos cuando se revelen las primeras tragedias.