Universalizar la pensión costará US$ 1.600 millones
Universalizar la pensión alimentaria para adultos mayores de 65 años costaría unos US$ 1.600 millones en cinco años, según los cálculos preliminares efectuados por el Ministerio de Hacienda.
Los proyectos de ley atribuibles a la iniciativa parlamentaria están generando una gran preocupación en el Ministerio de Hacienda, atendiendo que si son aprobados demandarán cuantiosos recursos que pondrán en jaque a las finanzas públicas.
Uno de estos proyectos, el que encendió la alarma en la cartera fiscal la última semana es la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que universaliza la pensión alimentaria para adultos mayores con 65 años de edad.
Los cálculos iniciales realizados por Hacienda dan cuenta que, de aplicarse demandará en un plazo de cin- co años US$ 1.600 millones, lo que los técnicos consideran inviable e insostenible.
A esto se agrega otro proyecto de ley que modifica la misma pensión alimentaria que tuvo sanción automática en Diputados, que abre la posibilidad de incorporar a más personas al excluir la condición de “pobreza” como requisito y reemplaza por “vulnerable”, hecho que podría representar un costo adicional de US$ 70 millones por año, según los cálculos de la cartera.
La ley vigente otorga una pensión alimentaria a los adultos mayores de 65 años en situación de pobreza y, según Hacienda, hasta agosto 193.296 personas percibieron G. 528.141 mensuales.
La propuesta de la cartera es que el próximo se alcance a 205.000 personas, con un presupuesto de más de G. 1,3 billones (US$ 215,1 millones), que implicaría ya alcanzar a casi la totalidad de potenciales beneficiarios.
Además de este, otros proyectos de ley gestados en el Legislativo también preocupan en Hacienda (ver infografía), como el régimen de indeminización de los combatientes del 2 y 3 de febrero de 1989, con un costo inicial de 358.500 millones (solo militares no incluye a policías este monto), que ya tuvo la media sanción de la Cámara Baja.
También el proyecto de ley sancionado que amplía el presupuesto de la Contraloría por G. 14.900 millones, a ser destinados a sueldos, horas extras y bonificaciones; así como el proyecto con media sanción que otorga a Petropar G. 28.000 millones para pago de bonificaciones y contratación de personal.