Celebran la derogación del llamado “protocolo Filizzola”
Los gremios de la producción y las nucleaciones empresariales celebran que el documento denominado “protocolo Filizzola” haya sido derogado por las actuales autoridades del Gobierno Nacional, según el comunicado conjunto de las seis agrupaciones más importantes del sector privado. El manifiesto acercado por el líder ganadero, Luis Villasanti, lleva el sello de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) y la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).
Según el comunicado, el protocolo Filizzola implicaba una desnaturalización de las instituciones del Derecho Penal, como la flagrancia, y de las funciones otorgadas por la ley a la Policía Nacional y al Ministerio Público y a los jueces.
También argumentan que la derogada herramienta operacional, antes que defender los derechos humanos, ponía en riesgo la vida de las personas, tal como sucedió con las 14 víctimas del caso Curuguaty, donde se aplicó por primera vez.
“La decisión de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio del Interior y del Ministerio Público, de derogar el protocolo Filizzola hicieron volver las cosas a su lugar, devolviendo la vigencia a la ley, que había sido relegada a una posición secundaria por un convenio entre el Ministerio Público y la Policía Nacional”, expresa una parte de la nota. Argumenta que ese protocolo sirvió para consolidar las invasiones de inmuebles, otorgando tiempo a los mismos, con total desprecio de la defensa a la propiedad privada que otorga la Constitución Nacional.
Destacan que al derogarse el cuestionado documento se vuelve a respetar el orden jerárquico de las leyes (Art. 137) y el derecho de propiedad, agregando que ese protocolo fue creado con claro tinte ideológico, en un gobierno de clara vocación de izquierda.
Antecedentes
El 20 de marzo de 2012 había sido firmado el protocolo fiscal-policial para invasiones de propiedad, que tenía nada menos que cuatro fases, y en la primera, “ante el conocimiento de un supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno”, el agente fiscal debía, por ejemplo, hacer un análisis y comprobar la titularidad del inmueble; luego con la Policía acudir al sitio “a fin de conocer el motivo de la ocupación y advertir las consecuencias de su conducta” a los ocupantes.
La fase 2 era de la “Planificación del procedimiento”; fase 3 del “Procedimiento de aprehensión y hacer cesar el hecho antijurídico”, y fase 4 del “Proceso penal”. Como se ve, más burocracia que acción.