Prórroga de dos meses para acusar en caso “caseros” del diputado Rivas
Un juzgado admitió el pedido de prórroga que solicitó la Fiscalía y fijó para el 23 de noviembre la nueva fecha para que el fiscal Luis Piñánez solicite juicio oral en otro caso “caseros de oro”, esta vez, del diputado Tomás Rivas.
El 17 de setiembre pasado, el agente fiscal Luis Piñánez solicitó al juzgado penal de garantías a cargo de la jueza Letizia Paredes, que le concediera una prórroga ordinaria de dos meses para presentar su requerimiento conclusivo con relación al diputado colorado cartista de Paraguarí Tomás Fidelino Rivas, quien está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
La fecha para que el fiscal Piñánez presente requerimiento conclusivo (acusación u otro pedido), venció ayer, pero el representante del Ministerio Público solicitó antes de esta fecha la mencionada prórroga de 60 días porque debía realizar las pericias de cruce de llamadas
entre Rivas y sus tres “caseros” a los que supuestamente pagaba con dinero del Estado, como si fueran funcionarios públicos.
En la audiencia de sustanciación de la prórroga, también se allanaron al pedido fiscal los defensores de Rivas abogados Enrique Bogarín y Patricia Vitale, quienes alegaron que igualmente debían realizar una serie de diligencias cuyos resultados introducirían como elementos de descargo.
Los antecedentes
Este caso se inició el 20 de mayo del año pasado cuando el fiscal Piñánez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, verificó que el diputado Rivas hizo figurar en la nómina de funcionarios de la Cámara Baja a tres personas que en realidad
eran sus “caseros”.
Por este motivo, el legislador fue imputado por los supuestos hechos punibles de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Mientras que sus “caseros” –Lucio Romero, Nery Franco y Reinaldo Chaparro– están acusados por estafa y cobro indebido de honorarios.
Según la acusación del Ministerio Público, los citados “caseros” nunca fueron funcionarios públicos, pero de igual manera cobraron dinero del Estado, trabajando en el domicilio particular y en negocios pertenecientes al legislador.
Este caso es idéntico al del exdiputado José María Ibáñez (ANR, Añetete).