Diputados “se olvidan” de los pedidos de expulsión
La Cámara de Diputados mantiene su protección corporativista y evita tratar la pérdida de investidura de legisladores imputados. Esto pese que hace dos semanas se anuló la ley de autoblindaje, la principal excusa.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados elaboró un orden del día con 17 puntos, a ser tratados en sesión ordinaria prevista para este miércoles.
Sin embargo, ningún legislador requirió incluir el tratamiento de los pedidos de pérdida de investidura que hay contra varios parlamentarios investigados, procesados, imputados y acusados por la Fiscalía.
Jorge Ávalos Mariño (efrainista), líder de la bancada D del PLRA, dijo ayer que nadie mencionó el tema en la reunión y que por el momento “no parece estar entre las prioridades”.
Ávalos señaló que tampoco se abordó la situación del diputado oficialista Éver Noguera (ANR, Añetete), quien solo días atrás fue “salpicado” en una investigación periodística dentro de un esquema de venta de vehículos aparentemente clonados que involucra a policías y autoridades de Guairá.
“Temas que involucran a los colegas no se tratan en mesa directiva”, recalcó. Reconoció que este tipo de escándalos perjudican a la Cámara de Diputados, pero reiteró que de eso no se habla en el referido trámite.
Esto pese a que el 12 de septiembre último, el Senado aceptó el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, sobre la pérdida de investidura. Dicha ley era más conocida como de “autoblindaje”.
Dicho veto había sido rechazado en la Cámara Baja el 17 de julio último y era la principal excusa para proteger a los legisladores con problemas judiciales.
El presidente de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista) y el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales Derlis Maidana (ANR, cartista) son los principales defensores del autoblindaje a sus colegas.
Entre los casos más escandalosos figuran Ulises Quintana (ANR, Añetete), a quien la Fiscalía acusa de financiar su campaña con dinero del narcotráfico; Carlos Portillo (PLRA, efrainista), quien fue grabado pidiendo coima para conseguir una sentencia judicial; y Tomás Rivas (ANR, cartista), imputado por un caso idéntico a los “caseros de oro”.