Sigue juicio a exintendente por desvío de Fonacide
Ayer se desarrolló la segunda jornada del juicio oral y público al exintendente de Santa Elena César Agustín Balbuena (PLRA-efrainista) y al extesorero Eladio Chaparro por supuesto daño patrimonial de G. 303 millones.
CAACUPÉ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). César Agustín Balbuena (PLRA-efrainista) es el primer jefe comunal de Cordillera que llega a juicio oral por presuntos malos manejos de recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide).
El tribunal integrado por Hilda Benítez (presidenta), Liliana Ruiz Díaz y Alfredo Benítez Fantilli tiene a su cargo el juzgamiento.
El fiscal Benjamín Vera, en representación del Ministerio Público, sostuvo en su alegato inicial que están en condiciones de demostrar fehacientemente la acusación, como que se usaron recursos del Fonacide para la construcción
de obras viales sin licitación o dudosos contratos.
Las obras en instituciones educativas no tenían planillas de cálculos o especificaciones técnicas y se detectaron numerosos cheques emitidos al portador, sin documentos respaldatorios, y firmados en su momento por Balbuena y el citado extesorero municipal. También se mencionó la compra de 15 computadoras, de las cuales solo 11 fueron entregadas a escuelas, y del resto se desconoce su destino.
Por su parte, el abogado de los acusados, Elvis Balbuena, sostuvo que el juicio no es más que una muestra de persecución política, al mencionar que adversarios utilizan elementos inexistentes
con la ayuda de la Fiscalía y el Juzgado de Garantías. Asimismo manifestó que César Balbuena no incurrió en delito alguno, porque supuestamente la Ley del Fonacide fue reglamentada recién en el año 2018, mientras que el caso juzgado ocurrió en los años 2012 y 2013.
El juicio quedó en cuarto intermedio y proseguirá el 1 de octubre, a las 10:00.
Perito ambiguo
Margarita Ramírez, uno de los peritos del caso, dijo al tribunal que al momento de la verificación no contaban con documentos como actas de inicio de obras, especificaciones técnicas, y en algunos casos ni siquiera contratos.
Agregó que no se pudieron constatar algunos rubros denominados “ocultos”, como la construcción de cimientos, revoques y otros que no están a la vista.
Añadió que no pudo determinar si hubo o no sobrefacturaciones en las siete obras verificadas.