Desalojo pacífico de asentamientos formados en tres predios de Luque
Tres propiedades en las cuales se crearon asentamientos fueron desalojadas ayer en Luque. El procedimiento fiscal-policial se desarrolló en forma pacífica. No se registraron incidentes y tampoco hubo detenidos.
LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). El operativo de desalojo de los tres terrenos colindantes de la compañía Cañada San Rafael de esta ciudad fue dirigido por los fiscales Néstor Cañete y Francisco Torres. Tuvieron el acompañamiento de 1.500 efectivos policiales a cargo del jefe de la Comisaría Tercera, comisario Osvaldo López y del director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Central, comisario Carlos Aguilera.
Uno de los predios despejados tiene una hectárea y pertenece a Daniel Rodríguez. El inmueble fue invadido en mayo de 2018 por unas 60 familias que crearon en el sitio el asentamiento “Villa Rodríguez”.
Otra propiedad estaba ocupada por 500 familias que denominaron “Villa 500” al asentamiento. Tiene ocho hectáreas y el dueño es Marcelo Heynderock.
El tercer terreno desalojado es propiedad de Víctor Enmanuel Roa Torres. Tiene de superficie una hectárea y
fue invadida por unas 100 familias que formaron el asentamiento “Nueva Esperanza”.
Los ocupantes de los inmuebles fueron notificados el lunes último sobre el desalojo. Todos decidieron salir sin resistirse, abandonaron las precarias viviendas que construyeron con madera, carpas, chapas e incluso ladrillos.
Varias cuadrillas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) también acompañaron el operativo y procedieron al corte de las innumerables conexiones ilegales a la red de distribución.
Asimismo, con carros hidrantes de la Policía Nacional sofocaron el incendio de algunas chozas que fueron quemadas por los propios invasores, según los intervinientes.
Instigador
Varios desalojados sindicaron como líder e instigador al conocido dirigente de “sintechos” Samuel Flores.
Este también fue acusado meses atrás, junto a Cristina Aquino, de instigar la invasión del predio de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco SA).
El dirigente fue imputado por asociación criminal, invasión de propiedad privada y presunta estafa. Estuvo preso y meses después fue beneficiado con arresto domiciliario luego de presentar un diagnóstico médico que certifica que sufre “delicadas afecciones de su salud”.