Ediles ponían dinero narco en cuentas de la Comuna
ESCÁNDALO DE LAVADO SACUDE A JESÚS DE TAVARANGUE
No solo el intendente, Hernán Schlender, preso desde ayer en el Cereso, lideraba la rosca
Los mismos concejales suplentes del distrito itapuense se encargaban de realizar depósitos
Para las operaciones de ingreso a las arcas públicas utilizaron incluso rubros de Fonacide
Jefes comunales siguen sin hacer rendiciones, diputados los blanquean y Fiscalía no actúa
Dentro del esquema de lavado a través de cuenta del Fonacide en la Comuna de Jesús de Tavarangue, la fiscalía identificó a ediles suplentes como encargados de depositar el dinero. Esto a través de documentos incautados.
El intendente Hernán Schlender está con prisión preventiva en el penal de Encarnación, Centro de Rehabilitación Social (Cereso), en el marco de la causa en la que están imputados él y sus hermanas Dolly Nilsen y Mariza Mabel Schlender, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En esa causa, los ocho allanamientos efectuados el jueves último en la Municipalidad de Jesús de Tavarangue (Itapúa), viviendas y propiedades rurales del intendente, sus hermanas y del contador de la comuna Senón Cáceres, se dieron a consecuencia a una denuncia realizada en 2018, tras un informe de la Contraloría General de la República, que fue engrosado con reportes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dijo la fiscala del caso Victoria Acuña, en conferencia de prensa brindada ayer en la Fiscalía General.
Ediles involucrados
Entre el 2016 y 2019 Schlender, quien está como intendente desde el 2010, percibió la suma líquida de G. 74.550.000 en concepto de salarios y bonificación.
Según la fiscalía, en los reportes consta que no corresponden a las transferencias del Ministerio de Hacienda, por lo que existe la sospecha de que esos fondos depositados en la cuenta de la Municipalidad provendrían de recursos de su cuñado Wilfrido Bareiro Vargas, alias Peloncho, procesado por narcotráfico.
Entre algunas de las boletas
de depósito que fueron incautadas de la municipalidad local, ninguna contaba con la firma del jefe comunal Schlender, pero lo que sí lograron identificar es “la participación de concejales suplentes, quienes no ejercían funciones administrativas, quienes depositaban el dinero”, señaló la fiscala.
En tal sentido, Acuña explicó que la intendencia cuenta con cuatro cuentas, una de ellas para el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), en la cual ingresaron G. 3.600 millones, a través de depósitos en efectivo y con cheques, que no cuentan con respaldo.
Acuña explicó que las sospechas se respaldan en que para depósitos al Fonacide, existen requisitos de plazos que impone el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, estos depósitos se llevaban a cabo en cualquier fecha.
También se constató la existencia de otra cuenta, pero tampoco contaba con respaldo documental.
Dinero narco
Sobre las operaciones financieras, Acuña consideró que el dinero que no puede ser justificado provendría del narcotráfico, teniendo en cuenta la relación familiar entre Schlender y Bareiro.
Además el municipio contrató a la empresa Yabebyry SA. propiedad de Bareiro para realizar obras que, o bien no se hicieron o están sobrefacturadas, dijo la fiscala.
“Es la primera vez que tenemos en esta Unidad una causa de aquello que se da en la teoría, se da también en la práctica, de cómo ingresa dinero del narcotráfico, dinero ilícito, a cuentas lícitas y vuelve a salir”, declaró Acuña.
Dos casos más
Dos causas anteriores se le imputan al Schlender, una por un supuesto perjuicio de G. 7.400 millones y, además, por presentar documentos apócrifos para intentar justificar el faltante ante la Contraloría General de la República.
En la sesión extra del 16 de abril, el diputado liberal Manuel Trinidad abogó por la intervención, pero el colorado cartista Raúl Latorre se expresó en contra y esta última postura prosperó mediante el pago político.
Y por la última, Schlender se encontraba cumpliendo con una medida de prisión domiciliaria en una de sus propiedades. En igual situación está su contador Senón Cáceres.
La medida fue apelada el 11 de setiembre de este año, por los fiscales Federico Leguizamón y Marcelo Saldívar.
Sin embargo, ayer la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz decretó la prisión de Hernán Adolar Schlender y Senón Cáceres Duarte, en cumplimiento de una resolución del Tribunal de Apelación, Tercera Sala, que revocó su decisión de otorgar arresto a los imputados.
Esto en el marco del proceso por producción de documentos no auténticos y producción mediata de documentos públicos de contenido falso, abierto a partir de una denuncia realizada por el propietario de la firma “Ferretería Central SA”, cuyo dueño es Carlos Ayala Carrillo.
Ayala denunció la utilización de facturas falsificadas de su empresa para justificar también los supuestos pagos de la Municipalidad de Jesús por sumas millonarias –situación de la que se enteró tras ser contactado por la Contraloría General de la República en 2018– lo cual motivó la imputación a Schlender y a Cáceres.