“Cumbres” para racionalizar gastos, chiste de mal gusto.

La racionalización del gasto público –tema de las dos últimas Cumbres de Poderes– no es más que un chiste de mal gusto, según se desprende de las frecuentes publicaciones sobre el escandaloso malgasto en todo el aparato estatal. Cuando no se roba lisa y llanamente, se derrocha el dinero de todos con el mayor desparpajo, previa autorización de los órganos que aprueban los respectivos Presupuestos. Desde luego, es en el Gobierno nacional, ejercido por los tres Poderes, donde más se dilapida en términos absolutos, como si ya estuvieran satisfechas todas las necesidades del país en materia de salud, educación o infraestructura. Aunque tal fuera el caso, quienes administran fondos públicos no deben tirar la casa por la ventana, ignorando el concepto de austeridad. Ahora se conoció que los ministros de la CSJ reciben órdenes de combustible muy por encima de lo que necesitan, mientras el BNF destinó una enorme suma para “capital de retiro” de funcionarios. Pero en la próxima Cumbre de Poderes con seguridad seguirá la farsa con el solemne compromiso de cuidar el dinero de los contribuyentes.

La racionalización del gasto público –tema de las dos últimas Cumbres de Poderes– no es más que un chiste de mal gusto, según se desprende de las frecuentes publicaciones sobre el escandaloso malgasto en todo el aparato estatal. Cuando no se roba lisa y llanamente, se derrocha el dinero de todos con el mayor desparpajo, previa autorización de los órganos que aprueban los respectivos Presupuestos. Desde luego, es en el Gobierno nacional, ejercido por los tres Poderes, donde más se dilapida en términos absolutos, como si ya estuvieran satisfechas todas las necesidades del país en materia de salud, educación o infraestructura. Aunque tal fuera el caso, quienes administran fondos públicos no deben tirar la casa por la ventana, una y otra vez, ignorando el concepto de austeridad, al que rindió culto Eligio Ayala, recordado en los últimos días por su brillante gestión como ministro de Hacienda y presidente de la República.

Como un botón de muestra del escaso apego al uso racional de los recursos públicos, puede mencionarse que el 25 de julio, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Gladys Bareiro de Módica y Luis María Benítez Riera, resolvió que cada miembro de la máxima instancia judicial reciba 4.250.000 guaraníes mensuales para comprar combustible, es decir, una cantidad suficiente para viajar unos 200 kilómetros diarios, sin que la resolución ni siquiera diga que debe hacerlo en el ejercicio del cargo. Pese a que hubo una merma de 750.000 guaraníes a la suma antes disponible para el efecto, pues era “necesario establecer un plan de Racionalización de Programas y Subprogramas de la Corte, determinando las medidas de austeridad, en economía y disciplina en el consumo de combustibles”, la cifra aprobada sigue siendo exorbitante, considerando las necesidades reales de movimiento de los ministros. Se trata de una burla afrentosa a la ciudadanía, que cada mes paga a los mismos por lo menos 34.249.141 guaraníes, en concepto de sueldo, gasto de representación, responsabilidad en el cargo, grado académico y antigüedad, a lo que debe sumarse que cuando van al interior del país cobran un viático diario de 843.599 guaraníes .El Consejo tuvo el descaro de hablar de austeridad, economía y disciplina, como si el cupo de combustible para los ministros, todos ellos residentes en Asunción o en ciudades vecinas, no fuera trece veces mayor que el previsto para los jueces de la Niñez y la Adolescencia.

En la primera Cumbre de Poderes, en la que se habló de bajar el gasto público, el presidente de la Corte, Jiménez Rolón, dijo que el Poder Judicial eliminaría 13.000 millones de guaraníes en gastos superfluos, entre los que, tal como se ve, no figuraban los previstos con tanta largueza para que los ministros vayan al Palacio de Justicia y vuelvan a sus respectivas casas con excesiva disponibilidad de combustibles. Días después, el citado ministro presentó un anteproyecto de Presupuesto, ratificado ante la Comisión Bicameral, que incluyó un aumento de 258.000 millones de guaraníes, de los cuales 152.000 millones engrosarían las arcas de funcionarios y magistrados.

Si no se debe tomar en serio a la Corte cuando habla de evitar despilfarros, tampoco hay que confiar mucho en los órganos autárquicos, cuyas máximas autoridades son designadas por el Poder Ejecutivo. Uno de ellos es el Banco

Nacional de Fomento (BNF), que en los últimos cinco años entregó más de 47.000 millones de guaraníes para que un centenar de funcionarios en condiciones de jubilarse tengan un “capital de retiro”. El año pasado, uno de ellos se llevó en tal concepto ¡927 millones de guaraníes!, debiendo entenderse que también cobra su jubilación ordinaria mensual. La generosa “capitalización” se funda en el art. 58 del Estatuto del Personal del BNF, según el cual el funcionario que pueda jubilarse, por tener al menos 50 años y 25 de antigüedad como mínimo, tiene derecho a una “asignación complementaria”, dispuesta por el Consejo de Administración, si se acoge a la jubilación a más tardar dentro de 90 días de haber adquirido el derecho.

El art. 30 de la ley que rige la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios dice que la jubilación ordinaria se adquiere a los 60 años como mínimo, habiendo aportado durante al menos 30 años. El Estatuto del Personal del BNF fue aprobado por una Resolución del Consejo de Administración del banco, un acto administrativo de jerarquía inferior a la de la ley citada .Su jerarquía también es inferior a la de la Ley de la Función Pública, cuyo art. 106 dice que la jubilación será obligatoria cuando el funcionario cumpla 65 años de edad. Aparte de que el común de los funcionarios no recibe un “capital de retiro”, cabe resaltar la obligatoriedad de su jubilación. La referida norma del Estatuto del Personal del BNF apuntaría a que el funcionario se jubile pronto, una vez que tenga derecho a hacerlo, llevándose consigo la “asignación complementaria”.

En otros términos, como la jubilación es voluntaria, es de suponer que con tan costosa medida se busca alentar la partida para aligerar la carga del personal innecesario. Pero, en 2014 el banco tenía 1.235 funcionarios y hoy 1.440, lo que revela el fracaso de la presunta intención. Por cierto, también se otorgan “capitales de retiro” en la ANDE y en el Banco Central del Paraguay.

Hay en todo esto un malgasto enorme, tan indignante como el del combustible para los ministros de la Corte y como el que se observa cada año en el Congreso, que no se olvida de sí mismo al sancionar el Presupuesto con siderales gastos superfluos. Con toda certeza, en la próxima Cumbre de Poderes seguirá la farsa con el solemne compromiso de cuidar el dinero de los contribuyentes, víctimas de sus propios representantes electos. El cinismo de los que mandan es insuperable.