Urbieta intentó criminalizar los escraches ciudadanos
PRESIONADO POR CRÍTICAS CIUDADANAS, RETIRÓ SU PROYECTO
Presionado por las críticas ciudadanas, el diputado de Concepción Luis Urbieta (ANR, Añetete) se vio obligado a retirar ayer su polémico proyecto de ley “antiescrache” que planteaba pena privativa de libertad de cinco a diez años a los ciudadanos que arrojasen huevos a bienes o a personas.
El proyecto de ley fue duramente cuestionado porque atenta contra el artículo 25 de la Constitución Nacional, referida a la expresión de la personalidad. Esther Roa, una de las dirigentes de la comisión escrache, señaló que la norma buscaba criminalizar las protestas.
Indicó que la iniciativa legislativa de Urbieta atenta contra la libertad de expresión que tenemos los ciudadanos y contra el derecho a manifestarnos de manera pública y pacífica. Sostuvo que los desbordes que pudieran darse deben ser abordados por los afectados a través de una querella privada, pero que hasta ahora no se animan a hacerlo.
Para Roa, la norma es inconstitucional. “Estamos viviendo en un país que se jacta de ser democrático y tiene que permitir que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre la labor de cada legislador. Nosotros como ciudadanos tenemos que defender esos derechos”, declaró.
Indicó que como la ley es taxativa ellos creen que tirar huevos es un crimen, porque la expectativa de pena es de cinco a 10 años. Manifestó que ello equivaldría en nuestro Código Penal a darle un tenor de crimen a las manifestaciones. Resaltó que buscan criminalizar las protestas.
Urbieta el 17 de junio pasado fue escrachado por un grupo de manifestantes en la ciudad de Concepción. El colorado fue reclamado por una supuesta gestión irregular al frente de la gobernación de la misma ciudad. En aquella oportunidad respondió a los improperios acusando de “burros, patoteros y vándalos” a los manifestantes.
La norma
Urbieta tenía la intención de ampliar el Art. N° 234 de la Ley 1160/97 del Código Penal.
Allí incorporaba como actos vandálicos la pena privativa de libertad aumentada hasta 10 años.
“Entiéndase por actos vandálicos a cualquier conducta intencional destinada a destruir, alterar o profanar bienes que pertenecen a otras personas, o que dañaren la integridad física de las personas, incluyendo ventanas rotas, grafitis, daños a vehículos y edificios ya sean públicos o privados, arrojar huevos a bienes o personas, dañar bancos en plazas y espacios públicos, alterar o derribar señales de tránsito y patear o dañar bienes de terceros”.