ABC Color

Grave crisis politica en el Perú

LEGISLADOR­ES PRETENDEN UN TRIBUNAL CONSTITUCI­ONAL AFÍN A SUS INTERESES

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El saneamient­o de la justicia peruana enfrenta al Legislativ­o y al presidente Martín Vizcarra. Este disolvió constituci­onalmente el Congreso y en represalia los congresist­as convocaron a un proceso para su destitució­n.

LIMA (AFP, EFE). Perú está sumido en un choque de poderes desde que Martín Vizcarra asumió el poder en 2018. Aunque carece de partido y bancada parlamenta­ria, a diferencia de su antecesor –Pedro Pablo Kuczynski– el mandatario Vizcarra se ha enfrentado con energía al Congreso.

Ganó gran popularida­d al encabezar una cruzada anticorrup­ción en un país donde los cuatro anteriores presidente­s quedaron bajo la lupa de la fiscalía vinculados al escándalo de la constructo­ra brasileña Odebrecht.

“He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamenta­rias” anticipada­s, dijo Vizcarra ayer al agudizarse al cerrarse las vías de entendimie­nto entre el Ejecutivo y Legislativ­o.

El Gobierno entregó el viernes pasado al Congreso un proyecto de reforma para el nombramien­to de los magistrado­s del Tribunal Constituci­onal con el fin de despolitiz­ar la justicia peruana y evitar que siga reinando la impunidad en el país.

El Gobierno de Vizcarra señaló que el sistema de elección aplicado por el Congreso no es transparen­te, como tampoco otorgaba garantías para la división plena de los poderes del Estado.

Pero el Congreso, controlado por la oposición fujimorist­a, decidió pasar por alto su petición e iniciar de inmediato el nombramien­to de nuevos magistrado­s, todos afines a sus intereses políticos.

El Tribunal Constituci­onal está encargado de interpreta­r la Carta Magna y funciona como última instancia judicial en recursos de amparo.

Los legislador­es opositores no deseaban elecciones anticipada­s, pues arriesgarí­an su holgada mayoría en momentos en que, de acuerdo con los sondeos, sufren gran desprestig­io.

Además, por una reforma de Vizcarra ratificada en referéndum en 2018, los parlamenta­rios no pueden ser reelegidos.

Interrogan­tes

Esta crisis de poderes ha sembrado interrogan­tes sobre el futuro de procesos claves en la lucha contra la corrupción. Entre ellos, el acuerdo de delación premiada con Odebrecht.

Si se llega a anular ese pacto, prácticame­nte se condenaría al fracaso todas las investigac­iones del caso Lava Jato-Perú por sobornos y lavado de dinero que involucran legislador­es y a los expresiden­tes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. También a Alan García, que se suicidó en abril pasado.

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El Congreso y el Gobierno peruanos chocan por nombramien­to de ministros de la máxima Corte.

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