Tras dictamen de Contraloría, falta que Fiscalía actúe en caso de IPS
Cuatro meses después de la apertura de la investigación fiscal sobre la licitación para la compra de seguridad en el IPS, no existe avance alguno en la causa. El proceso fue direccionado, según un dictamen de la Contraloría.
En junio pasado la Fiscalía anunció la apertura de una investigación para determinar si hubo o no lesión de confianza en la adjudicación que hizo el Instituto de Previsión Social (IPS) por un valor de G. 140.000 millones para la provisión de servicios de seguridad y vigilancia.
Las fiscalas Josefina Aghemo y Sussy María Riquelme abrieron de oficio la investigación sobre el cuestionado proceso licitatorio en el IPS, ente que silenciosamente le adjudicó a la empresa de seguridad y equipos de vigilancia privada SST y Buller SA, ambas firmas vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro y “partner” del destituido senador Dionisio Amarilla (PLRA, llanista).
Direccionado
Una serie de investigaciones realizadas por ABC Color revelaron graves irregularidades en el proceso que terminó favoreciendo a Chamorro.
El pliego estaba direccionado a la citada empresa de Chamorro Lafarja. Entre algunos puntos llamativos, el pliego establecía que el oferente debe operar un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) de una marca específica que es representada en el país por la empresa de los Chamorro.
En Paraguay ninguna otra empresa puede operar ni comercializar la marca de CCTV solicitada por el IPS.
Además, el documento establece exigencias de experiencia en seguridad de hospitales en las condiciones que solo el IPS necesita. Con esto, solo la firma SST podría ser seleccionada, puesto que la misma monopoliza este servicio en la previsional hace una década.
Además, nuestro diario detectó que el IPS estuvo a punto de pagar un sobreprecio de casi el 40% por los servicios de seguridad.
Al SNPP la firma SST le cobra G. 6.168.659 al mes por cada guardia. El contrato es de 24 meses y debe proveer un total de 74 personales de custodia.
En el caso del IPS, SST cobrará G. 117.284.157.418 por la provisión de seguridad física al IPS. El contrato tendrá una duración de 18 meses y la firma deberá proveer 673 guardias. IPS terminará pagando G. 9.681.703 por
cada guardia de seguridad. Entonces, la previsional pagará G. 3.513.086 de más por cada guardia.
Confirman irregularidades
Un dictamen técnico de la Contraloría confirma que la licitación para la compra de servicios de seguridad y vigilancia para el IPS estuvo plagada de irregularidades.
Uno de los puntos más llamativos del dictamen señala que hubo irregularidades incluso para fijar el precio de referencia del proceso de licitación.
La Contraloría General de la República detectó como un hecho irregular que el precio referencial establecido por el IPS coincidía curiosamente con el de las ofertas presentadas por las empresas de Chamorro. “Puede concluirse que tanto el precio referencial como el de las ofertas presentadas, provinieron de una misma fuente”, señala el informe.
Otro punto resaltado por el ente contralor es que el pliego de bases y condiciones establecido por la previsional resultaba limitante para la libre e igualitaria competencia.
“Puede manifestarse que evidentemente la licitación se realizó de manera direccionada hacia una determinada firma que se encontraba prestando servicio en la entidad previsional”, manifiesta tajante uno de los párrafos.
Intentó frenar publicaciones
Luego de que salieran a la luz las irregularidades del proceso, Óscar Chamorro Lafarja intentó frenar las publicaciones de nuestro diario sobre el proceso.
A través de la productora María Luz Peña de Masi, Chamorro habló de la necesidad de “desinflar” las publicaciones.
Peña convocó al periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano a una reunión en la que se encontraban además Chamorro y el entonces senador liberal llanista Dionisio Amarilla.
La productora ofreció a nuestro compañero de trabajo G. 24 millones y un puesto de trabajo para una persona allegada, a cambio de “desinflar las publicaciones” periodísticas porque estaban afectando los negocios de Chamorro Lafarja. Parte de los G. 24 millones incluso fue entregada a Lezcano, quien denunció el hecho.