EDITORIAL
Inexplicable tibieza con el terrorismo. El GAFI es una entidad intergubernamental creada en 1989 para fijar estándares y promover la ejecución de medidas legales, regulatorias y operativas contra el financiamiento del terrorismo y de la difusión de armas de destrucción masiva, entre otras amenazas al sistema financiero internacional. Envía misiones periódicas de observación a los países que lo integran, formula recomendaciones y califica sus respectivos desempeños en las cuestiones referidas. El Paraguay será visitado en noviembre y en mayo próximos, pero el Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley que ignora al menos una de las sugerencias del GAFI, al rechazar la propuesta de que se aplique un procedimiento para incluir en una lista a ser enviada a las Naciones Unidas a los residentes en el país que estarían ligados al financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Cámara Baja, en cambio, aceptó la versión del Senado, que debilita la lucha contra los citados flagelos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una entidad intergubernamental creada en 1989 para fijar estándares y promover la ejecución de medidas legales, regulatorias y operativas contra el financiamiento del terrorismo y de la difusión de armas de destrucción masiva, entre otras amenazas al sistema financiero internacional. Envía misiones periódicas de observación a los países que lo integran, formula recomendaciones y califica sus respectivos desempeños en las cuestiones referidas.
El Paraguay será visitado en noviembre y en mayo próximos, pero el Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley que ignora al menos una de las sugerencias del GAFI, al rechazar la propuesta de que se aplique un procedimiento para incluir en una lista a ser enviada a las Naciones Unidas a los residentes en el país que estarían ligados al financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja planteó la creación de un comité interinstitucional, integrado por representantes de los Poderes Judicial y Ejecutivo, de ambas Cámaras y del Ministerio Público para elaborar esa lista. La idea fue rechazada por una amplia y variopinta mayoría, que prefirió aceptar la versión del Senado. Esta debilita la lucha contra los citados flagelos y no contribuye, por tanto, a la seguridad internacional.
El diputado Basilio Núñez (ANR) adujo que no había que dar un “superpoder” a un comité que diga quién es terrorista o a quién había que inmovilizarle sus activos, y que pueda ser empleado como un instrumento de persecución. En la iniciativa rehusada se decía que el comité trataría las solicitudes de inclusión y exclusión de personas “en virtud y conforme a los criterios de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Es más, el propio GAFI recomendó, ya en 1990, que los países aseguren que “la intención y el conocimiento requeridos para probar el delito de financiamiento del terrorismo se puedan inferir a partir de circunstancias fácticas objetivas”. En el art. 2º de la vigente Ley Nº 4053/11, “De la inmovilización de fondos o activos financieros”, se lee que son sospechosas las transacciones de personas físicas o jurídicas que figuren en la lista publicada bajo el control de las Naciones Unidas, dentro de un pedido específico sobre la persecución del terrorismo. Si el Paraguay no aportara nombres de las personas indiciadas, residentes en el país, mal podría cooperar en dicha persecución internacional, a la que está obligado por el “Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo”. Este fue aprobado por la Ley Nº 2381/04. Los arts. 2º y 8º de dicho instrumento le imponen tomar las medidas necesarias, según sus principios jurídicos internos, para identificar, detectar e incautar todos los fondos proveídos o recolectados, directa o indirectamente, para que sean usados, en todo o en parte, en actos de terrorismo tipificados en dicho documento.
Y bien, el Paraguay ya está sospechado de ser una fuente de financiamiento de organizaciones terroristas del Cercano Oriente, de modo que el proyecto de ley sancionado, que dificulta la identificación de los proveedores o recolectores de fondos, habrá de reforzar esa pésima imagen en el escenario mundial. Es una manifiesta inmoralidad, contraria a la letra y al espíritu de las recomendaciones, así como de normativas nacionales e internacionales, desertar de la lucha contra un azote de la humanidad, con el hipócrita argumento de que un comité interinstitucional serviría para perseguir a enemigos políticos. Esta evidente abdicación, que los evaluadores del GAFI tendrán bien en cuenta, le puede costar muy caro al país. En enero de este año, el ministro de Hacienda, Benigno López dijo que confiaba en que el Paraguay no sea calificado de “riesgoso” en la próxima evaluación, sobre todo porque estaban en estudio doce proyectos de ley que regulan la actividad financiera. Un mes más tarde, la exministra de la Seprelad María Epifanía González se mostró muy preocupada, porque se podría volver a la “lista gris” de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero, lo que reduciría la posibilidad de atraer capitales.
Este delito, por cierto, estaría ligado al presunto financiamiento del terrorismo desde Ciudad del Este, según una larga pesquisa fiscal, aún inconclusa, que afecta al comerciante Walid Amine Sweid y al despachante de aduana Ricardo Galeano, dos amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez: habrían remesado cientos de millones de dólares a Detroit (EE.UU.), que llegaron a empresas vinculadas al grupo terrorista Hezbollah, declarado como tal por el Gobierno nacional en agosto último. Los indiciados suelen afirmar que sus operaciones son legales.
Pero ni la mala fama del Paraguay en esta materia ni la misión venidera del GAFI impidieron que el Congreso sancione un proyecto de ley que perjudica al país y al mundo. La irresponsabilidad legislativa es tan flagrante que hasta podría suponerse, dados los antecedentes, que existe el propósito de encubrir a ciertos personajes que influyen bastante y no precisamente por razones ideológicas. Lo que se esperaba es que, dadas las consecuencias del terrorismo en el mundo, el Congreso apruebe una ley lo suficientemente enérgica para tratar de combatirlo con eficacia en nuestro país.
La Cancillería, el Ministerio de Hacienda y la Seprelad podrían explicarle al jefe del Poder Ejecutivo, encargado de las relaciones exteriores, algunas de sus respectivas competencias. Los diputados colorados “añetete” apoyaron con su vergonzante silencio la versión del Senado, enérgicamente defendida por los cartistas, con la digna excepción del diputado Ramón Romero Roa. ¿Recibieron alguna instrucción desde el Palacio de López o desde la Vicepresidencia?