Ponga orden, señor Presidente.
En su artículo 226, la Constitución Nacional establece claramente que “El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República”. Los demás, como los ministros, son “secretarios de Estado”, es decir, asistentes cercanos que colaboran con el Presidente, que concentra en él la suma de las facultades de ese órgano del poder público. Esta sutil pero importantísima distinción viene a cuento del inaceptable y sumamente nocivo desborde institucional al que asistimos cada año cuando se estudia en el Congreso el Presupuesto General de la Nación. Es un secreto a voces que los propios parlamentarios incitan a los altos funcionarios a lamentarse, seguirles el juego a sus sindicatos y pedir más presupuesto, para terminar negociando bajo la mesa a cambio de prebendas y cargos para su parentela, sus amantes y su clientela política. De esta manera se da el bochornoso contrasentido de que el secretario cuestiona la autoridad de su jefe a la vista de todos, le falta al respeto, traiciona su confianza, y no pasa absolutamente nada.
En su artículo 226, la Constitución Nacional establece claramente que “El Poder Ejecutivo es ejercido
por el Presidente de la República”. Por lo tanto, es esa persona, solo ella y nadie más que ella la que ejerce esa alta función, de manera unipersonal, indivisible e indelegable. Ni el vicepresidente ni los ministros, mucho menos los titulares de secretarías y de entes públicos, son “parte” del Poder Ejecutivo. Como mucho, son “secretarios de Estado”, es decir, asistentes cercanos que colaboran con el Presidente (o la Presidenta llegado el caso), que concentra en él o ella la suma de las facultades de ese órgano del poder público.
Esta sutil pero importantísima distinción viene a cuento del inaceptable y sumamente nocivo desborde
institucional al que asistimos cada año los ciudadanos
cuando se estudia en el Congreso el Presupuesto
General de la Nación.
La Carta Magna, en su artículo 216, taxativamente instituye que “el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación será presentado anualmente por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero de septiembre, y su consideración por el Congreso tendrá prioridad absoluta”. En consecuencia, la única persona que tiene la facultad constitucional de entender en el presupuesto público en nombre del Poder Ejecutivo es el Presidente
de la República, actualmente Mario Abdo Benítez, nadie más. Es inadmisible e inconstitucional que, una vez presentado el proyecto en tiempo y forma, los ministros y titulares de entes desfilen por las cámaras del Congreso reclamando más dinero del que les asignó el Presidente.
Lamentablemente, es exactamente eso lo que ocurre año tras año, con graves perjuicios tanto para la República como para el erario. Es un secreto a voces que los propios parlamentarios incitan a esos altos funcionarios a lamentarse, seguirles el juego a sus sindicatos y pedir más presupuesto, para terminar negociando bajo la mesa a cambio de prebendas y cargos para su parentela, sus amantes y su clientela política.
De esta manera se da el bochornoso contrasentido de que el secretario cuestiona la autoridad de su jefe a la vista de todos, le falta el respeto, traiciona su confianza, y no pasa absolutamente nada, todos complotados en el mismo juego perverso para esquilmar los bolsillos de los contribuyentes y comprometer la estabilidad del país.
Pero si este vicio ya ha causado estragos en el pasado, con mayor razón lo hará ahora, debido al delicado momento que atraviesan la economía nacional
y el fisco. Pareciera que estos “colaboradores” no escuchan, o no creen, o directamente no les importa lo
que dice el Presidente, que incluso ha convocado a dos cumbres con los otros poderes del Estado para intentar obtener (sin mucho éxito) un compromiso de austeridad.
El proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo ya está al tope del déficit fiscal admitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal del 1,5% del PIB (US$ 617 millones), con un gasto total de G. 85,5 billones (US$ 13.403 millones al cambio presupuestario, 33% del PIB), 2% por encima del de 2019. Están presupuestadas 103 instituciones públicas, con 304.793 cargos. El 76% de lo recaudado en impuestos se
destinará al pago de salarios en el Gobierno central y entes descentralizados que reciben fondos del Tesoro.
El Presidente, secundado por su ministro de Hacienda, ha insistido en que ya no hay lugar para aumentos, y a ello hay que sumar una probable caída de los ingresos estimados para el próximo año. Ya en el presente ejercicio los ingresos tributarios estarán entre US$ 250 millones y US$ 300 millones por debajo de la estimación inicial, y esto se replicará en 2020 como consecuencia de la recesión económica local, que se agravará si llega a haber otro mal año agrícola, y la coyuntura económica regional.
Sin embargo, a pesar de la instrucción dada por
Mario Abdo Benítez a sus subalternos de respetar el presupuesto remitido por el Ejecutivo y no pedir incrementos, en las primeras dos semanas de audiencias en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso la mayoría hizo todo lo contrario.
Los pedidos realizados a la comisión ya están en torno a los US$ 500 millones, el 90% para aumentos salariales y otros gastos en personal (remuneraciones extraordinarias, viáticos, bonificaciones y gratificaciones, etc.), y estas audiencias seguirán durante todo octubre.
El ministro Benigno López ha manifestado que confía en que el Congreso obrará con responsabilidad y aprobará un presupuesto adecuado a la realidad. De no ser así, adelantó que se contemplará un veto similar al aplicado al Presupuesto 2017.
Es de esperar que prime la cordura y que todos antepongan los intereses de la Patria a cualquier beneficio personal o sectorial. Pero el Poder Ejecutivo, es decir, Mario Abdo Benítez, debe empezar por casa. Hoy más que nunca el país necesita que muestre liderazgo e imponga la autoridad que le reconoce la Constitución y que la sociedad ha puesto en sus manos.